En el Congreso de la República se aprobó una ley que permitirá incrementar los honorarios de más de 12 mil concejales en el país, en especial para aquellos que representan municipios de quinta y sexta categoría. Esta determinación está a la espera de la sanción del presidente, para que entre en vigor.
El coordinador ponente del proyecto, el representante por el partido Liberal Óscar Sánchez, destacó que está aprobación es “un compromiso con la democracia” y un reconocimiento al arduo trabajo que realizan los concejales a lo largo del territorio nacional.
Además, la medida fue respaldada por una amplia mayoría en la Cámara de Representantes, incluso contando con el respaldo de partidos de oposición. Aunque también hay un amplio apoyo de partidos independientes y oficialistas.
Por otro lado, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, celebró la unanimidad, señalando que se logró “sacar adelante la ley de honorarios para las y los concejales de Colombia”, señaló.
No obstante, el senador Germán Blanco, quien es el autor del proyecto, ha enfatizado en que la ley va a beneficiar alrededor de 12.600 concejales y resaltó lo poco común que es este tipo de iniciativas en cuanto a la unanimidad que hubo entre Cámara y Senado.
Sin embargo, el político le solicitó al presidente Gustavo Petro, que sancione la ley sin mayores contratiempos ni objeciones, ya que la importancia de este proyecto es resaltar la dignidad de los concejales, quienes representan la política del país en los diferentes territorios alejados.
Otra de las que se mostró contenta con esta aprobación, fue la representante María Fernanda Carrascal, quien celebró que se haya aprobado este proyecto, destacando que implementa medidas de dignificación para el ejercicio del cargo que imparten los concejales garantiza que se remunere de manera justa este puesto.
Es importante resaltar que, según información emitida por la Federación Nacional de Concejos FENACON, los honorarios de los concejales a lo largo del país se irán incrementando año a año con la variación equivalente al Índice de Precios al Consumidor IPC, del año inmediatamente anterior, todo esto con el fin de que los funcionarios públicos no tengan pérdidas en la capacidad adquisitiva.
