Un debate de grandes proporciones ha visto la luz tras la ausencia diplomática de Colombia en una reunión de la OEA que tenía como fin votar una resolución de rechazo a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Algo que ha sido tomado por muchos como una postura neutra o incluso de apoyo del nuevo gobierno al régimen de Daniel Ortega, que ha desatado críticas frente al silencio del Gobierno y varios funcionarios.
En resumidas cuentas, lo que fue votado favorablemente en aquella sesión extraordinaria del 12 de agosto, fue una resolución que insta al gobierno nicaragüense a liberar a los presos políticos, terminar con la intimidación de la prensa independiente y garantizar el derecho a la libre expresión, restablecer instituciones democráticas y firmar estatutos rectores de la OEA, así como su compromiso con el respeto de los derechos humanos.
Eso además de, por supuesto, rechazar “enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, y el hostigamiento y las restricciones arbitrarias impuestas a las organizaciones religiosas y las que critican al gobierno y sus acciones en Nicaragua”.
Precisamente, uno de los que ha sido nombrado en medio de todo esto es el presidente del Senado, Roy Barreras, ficha clave de la llegada de Petro a la presidencia, quien en su momento se refirió al gobierno de Ortega como una “dictadura oprobiosa que exige sanciones internacionales”. Incluso ahora, pide recordar que pese a la necesidad de recuperar las relaciones con países de la región, no debe olvidarse que en este caso “estamos hablando con un dictador”.
“Mi tarea es señalar que, si resulta indispensable para los intereses de Colombia conversar inclusive con regímenes no democráticos, debe hacerse, pero sabiendo que estamos hablando con un dictador”, fueron las palabras de Barreras, en comunión con lo que ha opinado en el pasado y que ha sido revivido en medio de la polémica.
Lo cierto es que la posición de Barreras, en contraposición con la que ha mostrado el Gobierno, parece uno de los primeros desacuerdos al interior del Pacto Histórico y de sus fuerzas políticas aliadas. Esto, pues cabe recordar que el mismo embajador designado en Nicaragua, León Fredy Muñoz, sentenció desde su nombramiento que “el restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”.
“Con los vientos del cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad en Latinoamérica. Agradezco al presidente Gustavo Petro por esta designación y confianza. El restablecimiento de las relaciones con Nicaragua será una realidad”, fueron las palabras de Muñoz en su designación, justo un día antes de la sesión extraordinaria de la OEA.
En todo caso, todavía dejando más clara la posición del Gobierno, este lunes se supo por cuenta de Noticias Caracol que la orden de no haber asistido a la reunión de la OEA sobre Nicaragua habría venido del propio canciller Álvaro Leyva, bajo el argumento de “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”. Una frase que hasta el momento no tiene profundización oficial.
Sin embargo, de nuevo, cabe recordar que esto dista mucho de la posición de Roy Barreras (y de muchos políticos cercanos al Gobierno), que en su momento han dejado claro su rechazo frente a Ortega. Incluso acusándolos de obtener el poder de forma ilegítima.
Así las cosas, este evidente choque de trenes corresponde a una nueva prueba de fuego del Gobierno Petro que se ve entre la necesidad de recuperar las relaciones con países de la región que les son afines (como el caso también de Venezuela) y el rechazo que generan las prácticas de dichas naciones entre diferentes sectores, algunos de los cuales incluso hacen parte de la coalición de gobierno.
En todo caso, el hermetismo, que parece ser la estrategia bandera para lidiar con estas tareas diplomáticas difíciles, no parece ser la mejor carta del gobierno teniendo en cuenta el nivel de rechazo que genera el régimen de Nicaragua y el daño discursivo que puede llegar a tener el no sentar una posición frente a las violaciones de derechos humanos en ese país (más aún cuando son reconocidas por diferentes Estados y organizaciones internacionales).
