La decisión del gobierno de comprar aviones de combate Saab Gripen de Suecia es costosa, inoportuna e inconveniente. El presupuesto disponible para el Ministerio de Defensa es de $24 billones. En funcionamiento se van $21.8 billones, en el servicio de la deuda $551 mil millones, en inversión apenas $1.6 billones que se dividen en dos programas: 1. Capacidades de las fuerzas militares en seguridad pública $1.4 billones. 2. Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional $65mil millones. La Policía enfrenta una realidad más dramática. El presupuesto disponible es de $16.7 billones, de los cuales $16.5 están asignados a funcionamiento y escasos $239mil millones a inversión. En 2025 no hay presupuesto para comprar aviones. Con un déficit de caja de $50 billones, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), es imposible financiar ese gasto.
Los aviones tienen varios problemas, el primero su alto costo. Cada unidad de los Saab Gripen cuesta entre 110 y 120 millones de dólares. Aunque estos aviones son más económicos en comparación con los Dassault Rafale franceses o los F-16 estadounidenses, el gasto total de 16 aeronaves asciende a 1.900 millones de dólares. Además, el costo de operación a 30 años se estima en 2.350 millones de dólares, lo que deja serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de la compra.
Si bien los Gripen son aviones modernos y eficientes, algunos expertos han señalado que los F-16 estadounidenses y los Rafale franceses ofrecen mejores condiciones de financiamiento, transferencia de tecnología, acceso a simuladores y programas de entrenamiento. En términos de capacidades operativas y beneficios estratégicos, la decisión del gobierno es equivocada.
Otro problema no menor es la línea logística, no hay simuladores suficientes y la congestión será inevitable. La Fuerza Aérea Colombiana ha operado los Kfir israelíes durante décadas, y la transición a los Gripen requerirá una adaptación significativa en términos de infraestructura, entrenamiento de pilotos, técnicos y disponibilidad de repuestos.
El gobierno debería priorizar el mantenimiento de la flota de helicópteros para la fuerza pública y la adquisición de drones con inteligencia artificial de reconocimiento y vigilancia, ataque, ciberdefensa y transporte. Para la Policía drones de vigilancia urbana, búsqueda y rescate, control de tráfico y antidisturbios.
No son muchos los países que han adquirido este tipo de aviones: Suecia, Brasil, Hungría, República Checa y Sudáfrica. Brasil ha reportado problemas de transferencia tecnológica, un valor agregado fundamental en la compra de activos militares estratégicos. Además, el avión fue diseñado para temperaturas frías. Su operación en condiciones climáticas tropicales requiere adaptación.
Un quinto problema padecido por Brasil es la integración con nuestros aviones Tucano y Súper Tucano. Para ese propósito se requiere un cuantioso gasto adicional en enlace de datos BR-2 para comunicación en tiempo real, sensores avanzados, cabina modernizada y mejoras en guerra electrónica. El sexto problema es la logística y puesta a punto de los aviones que costará 600 millones de dólares adicionales. El séptimo problema es la inexistencia de CONPES y CONFIS que respalden semejante gasto, en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país.
La política integral de seguridad pública y ciudadana no requiere gasto en aviones de combate. Urgen inversiones que aumenten significativamente las capacidades tecnológicas y humanas de la fuerza pública. En particular una profesionalización del nivel ejecutivo que construya confianza entre la Policía y la ciudadanía.
