Carlos Mattos, protagonista del famoso “caso Hyundai”, sigue dando titulares en medio de uno de los escándalos de corrupción judicial más sonados en Colombia, que ahora suma otro nuevo episodio tras haber sido captado gozando de privilegios especiales en calidad de preso. Hechos que quedaron evidenciados gracias a un reporte de la unidad investigativa de Caracol, que ya cobró la cabeza de los directores del INPEC y la Cárcel La Picota.
Resulta pues que lo que se mostró fue que el empresario, que se suponía en calidad de preso mientras aguarda una condena por la corrupción comprobada que ejerció sobre funcionarios judiciales para defender su rol de amo y señor de la venta de autos Hyundai en Colombia (papel que jugó entre 1992 hasta 2015 gracias a una relación de exclusividad que manejaba con la marca surcoreana), se pasea con tranquilidad por Bogotá e incluso recibe visitas de distintas personas en sus oficinas.
No solo eso, sino que según lo que logró documentar Caracol en video, el empresario se mueve a través de la ciudad en vehículos oficiales del INPEC que activan las sirenas para apurar el paso y llegan a hacer uso del carril exclusivo de Transmilenio, camina libremente sin ningún tipo de vigilancia o custodia y logra durar hasta más de tres horas por fuera de La Picota, donde debería permanecer todo el tiempo salvo por casos excepcionales de salud. Al final, el reporte parece evidenciar cómo Mattos utilizaba al INPEC como su sistema de transporte privado.
Así las cosas, como cualquier otro ciudadano en libertad, Mattos recibía varias visitas desde su oficina en el norte de Bogotá, entre ellas la de su abogado Iván Cancino, quien ha manifestado que no tiene relación con los permisos otorgados a su cliente e incluso aseguró en Blu Radio que le dejó constancia a Mattos de las consecuencias que podría enfrentar.
“Allá llego y cuando lo veo, lo saludo y le pregunto si está con autorización. Él me dice que sí, que estaba allí para recoger unos exámenes médicos. En ese momento, le hago unas salvedades”, dijo Cancino a La FM.
Sin embargo, en este momento también se sabe que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aseguró que se encuentra evaluando el material periodístico para ver si hubo o no algún tipo de acto sancionable por parte de Cancino.
Asimismo, estas no han sido las únicas consecuencias que se prevén. Por ahora se sabe que el director del INPEC, el general Mariano Botero, y el de la Cárcel la Picota, Wilmer José Ladron, fueron removidos de su cargo. De igual manera, desde el Gobierno se pidió la investigación de los funcionarios relacionados en la vigilancia y custodia de Mattos.
“He solicitado a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación que investiguen a los funcionarios del INPEC que dieron la orden para su salida del centro de reclusión y quienes estaban encargados de la vigilancia y custodia. También, el Gobierno Nacional tomó la determinación de desvincular al director del INPEC y al director del Complejo Penitenciario La Picota”, manifestó el ministro de Justicia.
El jefe de cartera también confirmó la orden de trasladar al empresario a la Cárcel de máxima seguridad de Cómbita “para evitar nuevas situaciones irregulares en este caso” y una intervención en La Picota para evitar futuros hechos de corrupción.
Por su lado, la Fiscalía confirmó en un comunicado que los recientes acuerdos logrados con Mattos no se verán afectados y que “el fiscal a cargo de los procesos que se siguen contra el señor Mattos Barrero compulsará copias para que se establezca si las personas a cargo de los traslados del privado de la libertad incurrieron en alguna conducta que configure delito”.
El caso Carlos Mattos
Tan solo en noviembre del año pasado el país veía asombrado cómo el empresario Carlos Mattos era extraditado desde España, luego de un tortuoso proceso jurídico para intentar frenar su envío a Colombia y con supuestos problemas de salud. Cabe recordar que en agosto de 2021, por ejemplo, Mattos sufrió una crisis cerebrovascular con protocolo de ictus y tuvo que ser hospitalizado.
Su llegada a Colombia se daba por cuenta de una orden de captura emitida el 07 de mayo de 2021 por la Fiscalía, siendo acusado de los delitos de cohecho por dar y ofrecer en grado de autoría, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático.
Los hechos por los que se juzgó se remontan al periodo comprendido entre 1992 hasta 2015, más de 25 años en los que Mattos fue nada más y nada menos que el amo y señor de la venta de autos Hyundai en Colombia. Sin embargo, en ese 2015 el fabricante surcoreano decidió dar por terminada su relación con el barranquillero pues consideraba que la marca estaba perdiendo posicionamiento en el mercado. Dentro de las razones, también se incluyó que Hyundai esperaba apuntar a públicos diferentes, mientras que Mattos apostaba sus cartas a la venta de taxis.
A partir de ahí el empresario emprendió una lucha jurídica contra la marca, obteniendo un concepto a favor de parte del juez Reinaldo Huertas, quien dictó medidas cautelares para prohibir la venta de automóviles por parte de Neocorp (la nueva empresa que vendería carros Hyundai). La situación generó grandes pérdidas a la marca, así como la escasez de repuestos y autos. Al final, la disputa se dio por terminada con un acuerdo que rozó los 100 millones de dólares, según Noticias Uno, aunque tiempo más tarde se determinó que las decisiones judiciales que le favorecieron fueron aceitadas con elevadas sumas de dinero.
Por estos hechos Huertas fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, así como otros funcionarios de su despacho fueron sancionados e incluso algunos implicados fueron enviados a la cárcel. Ahora, queda esperar qué giro tomará este caso que ya cuenta varios años en la agenda nacional y que sigue sobrando cabezas en el sistema judicial.
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