Salvatore Mancuso ha sido durante este 2020 un espinoso tema para el Gobierno Nacional, desde que cumplió su condena por narcotráfico en Estados Unidos y las víctimas de su accionar como paramilitar le reclaman en Colombia para que responda por diversos crímenes.
Aunque Mancuso ha mostrado interés en cooperar con la reconstrucción de la verdad y la reparación de víctimas del conflicto armado a través de su testimonio (lea aquí: Mancuso le dijo a Timochenko que quiere aportar la verdad a la JEP), el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- ha tenido un enredado proceso de extradición hacia Colombia y, con la gestión de sus abogados, está cada vez más cerca de llegar a Italia, país que no extradita a sus connacionales y de donde es ciudadano.
Lo que parece ser una seguidilla de errores en el proceder de la Cancillería de Colombia, generó que la Procuraduría General de la Nación atendiera una solicitud del representante Fabián Díaz, para investigar la actuación disciplinaria de los funcionarios que están involucrados en el proceso de extradición de Mancuso.
Por ejemplo, inicialmente se pudo conocer que se cometió un error en la orden judicial por secuestro extorsivo que fue tramitada ante el gobierno norteamericano, ya que se fundamentó en una orden de captura prorrogada por una jueza ordinaria, la cual no tenía competencia para ello y, además, dicha orden perdió su vigencia a mediados de julio pasado, cuando otra jueza canceló las medidas contra el exjefe de las extintas AUC.
Pero ahora la discusión volvió a su punto más álgido, tras saberse que el Gobierno se equivocó de nuevo al enviar la solicitud de extradición en español y no en inglés, como lo dicta el protocolo de dicho país.
Sin embargo, mayor fue el enredo de la Cancillería al intentar aclarar la situación este miércoles, cuando desde la Entidad se aseguró no haber gestionado todavía el proceso contra Mancuso por supuestas demoras en la traducción de los documentos, mientras la Canciller Claudia Blum afirmaba en un video que la petición sí había sido presentada.
Extradición en Colombia, un proceso siempre enredado
Desde que se suscribió el primer tratado de extradición con Estados Unidos, este proceso ha pasado por muchos obstáculos que, como hoy día, también le generaron críticas a los gobernantes de aquel entonces.
Incluso, a través de la historia se ha discutido sobre si existe o no un tratado de extradición entre ambas naciones.
En el repaso por el complejo proceso de extradición en Colombia, se recuerda cuando el secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Jimmy Carter, Cyrus Vance, y el ministro de Gobierno colombiano (como delegado presidencial de Julio César Turbay), Germán Zea Hernández, firmaron el tratado bilateral de extradición en 1979 que, en un principio, fue ratificado por ambos países y entró en vigencia en 1982.
Pero 4 años más tarde y tras investigaciones al proceso, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la ley aprobatoria porque no fue firmada por el presidente de la República, quien delegó a Zea tras irse de viaje y no firmar el documento requerido.
Fue precisamente en 1986 que el entonces mandatario Virgilio Barco firmó una nueva ley, la cual contó con la misma suerte de la anterior y fue tumbada por la Corte.
Para 1991 la extradición en Colombia fue prohibida en la Constitución como parte de una concesión para que Pablo Escobar se entregara a la justicia, pero luego del asesinato del capo colombiano en 1993 y con la reforma de 1997, se modificó el artículo 35 de la carta magna y finalmente, después de 12 años de errores, quedó permitida la extradición en el país.
