El escándalo de Odebrecht en Colombia no ha sido para nada mínimo, llegando a salpicar campañas presidenciales, a funcionarios de pasadas administraciones e incluso a cobrar la vida de valiosos investigadores como Jorge Enrique Pizano. En este momento, una de las personas que sigue en el ojo del huracán es Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
Actualmente, el exfuncionario está inmerso en un proceso judicial por supuestamente haber hecho parte (junto a ocho exfuncionarios más) de un entramado que le habría facilitado a Odebrecht la obtención del contrato de construcción del tramo Vía Ocaña-Gamarra en la Ruta del Sol. Además de un nuevo proceso que se adelanta en su contra por presunta contratación sin requisitos legales.
Entre otras cosas, se señala a Andrade de haber permitido el pago de sobornos por parte de Odebrecht y entre las pruebas se encuentran supuestas reuniones en la residencia del “Ñoño Elías” con Antonio Martorelli, entonces representante de Odebrecht. Ahora, también lo tiene en líos la firma de un otrosí que significó adiciones al contrato que estaba a cargo de Odebrecht. Todos ellos temas sobre los que el expresidente Santos se ha pronunciado en el juicio.
Lea además: ¿Para dónde va el turismo en el gobierno del cambio?
“No estoy aquí para defender a una persona, sino para que se haga justicia (...) Yo buscaba era que las metas se cumplieran. Esto sucedía a todo nivel, además, un presidente no está en la condición de conocer los miles de proyectos que andan en el país”, fueron parte de las palabras de Santos.
No obstante, lo cierto es que en los últimos días todo este tema ha dado giros bastante interesantes que irían aumentando hacia arriba las responsabilidades. Empezando por la multimillonaria multa que cayó sobre el Grupo Aval y Corficolombiana en la justicia estadounidense, de 40 y 20 millones de dólares respectivamente, por haber violado las Prácticas Extranjeras de Corrupción.
Todo esto, se da en el marco del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido logrado con la justicia de Estados Unidos, ya revelado en su totalidad por algunos medios. En este, se deja expreso entre otras cosas la aceptación de Corficolombiana (filial del Grupo Aval) de haber infringido las normas anticorrupción.
De acuerdo a la decisión publicada el pasado 10 de agosto por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, país donde Aval cotiza en Bolsa, Corficolombiana “sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato. Al menos $28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana”. Otorgándole, de paso, beneficios financieros a su grupo madre.
De esta manera, tanto Grupo Aval como Corficolombiana aceptaron haber violado “las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno”. Una conclusión que fue celebrada por el propio Luis Fernando Andrade, quien le agradeció a la justicia de los Estados Unidos que “por fin se esté haciendo justicia”.
El juicio de Andrade
Dentro de todo esto, hay que decir que pocos juicios han sido tan polémicos y curiosos como el que se adelanta en contra de Luis Fernando Andrade, quien incluso ya fue inhabilitado por 18 años por la Procuraduría para ejercer cargos públicos. Una de las rarezas parte de que la Fiscalía siga abriéndole procesos a los testigos de Andrade en medio del juicio.
Una realidad que de hecho ya le generó molestia al juez que lleva el caso en contra del exfuncionario, luego de que la Fiscalía anunciara nuevas imputaciones, entre las cuales se encuentran 16 exfuncionarios de la ANI que ya testificaron o que iban a testificar a favor del exdirector. Sobre eso el juez dijo: “A este paso el Ministerio Público y todos los que hemos abordado este proceso vamos a tener que pedir medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque nadie se siente tranquilo con la actuación de la Fiscalía”.
Le puede interesar: Caso Nicolás Petro: Fuego cruzado en la campaña de Petro en la costa
“¿Qué necesidad hay de llamar a los testigos de la defensa a imputación de cargos cuando todavía no ha culminado este proceso? ¿Acaso los delitos se van a prescribir? Era decoro de la Fiscalía esperar las diligencias y parece un precedente nefasto hasta para la libertad que tiene el juez para decidir en este caso”, fueron sus palabras exactas.
Por otro lado, las nuevas imputaciones a Andrade también fueron cuestionadas en su momento por la defensa del exfuncionario, alegando que los nuevos cargos partían de hechos que ya habían sido contemplados en el proceso inicial o incluso en acusaciones que habían resultado nulas. Todos hechos que Andrade calificó como “graves irregularidades”.
El “funcionario clave” en el caso Odebrecht
En medio de todo este escándalo del grupo Aval y demás, se conoció públicamente el documento del Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido con la justicia estadounidense, que entre otras cosas contempla nuevos datos que resultan significativos para el análisis del caso.
El tema radica en los personajes, ya que aunque se mencionan varios nombres conocidos dentro de los procesos (muchos de ellos ya incluso con condenas), apareció sobre la mesa un misterioso “funcionario colombiano número 3”, quien podría llegar a ser un alto funcionario del entonces gobierno de Juan Manuel Santos.
A este funcionario, Corficolombiana le habría pagado una coima de 3.4 millones de dólares en 2014. Según el documento, José Elías Melo, “ejecutivo” de Corficolombiana, le habría pedido a Antonio Martorelli reunirse para acordar el soborno que se le pagaría. Cosa que después habrían hecho usando otras compañías.
De acuerdo con el periodista Daniel Coronell, la reunión en cuestión sucedió en mayo de 2014, mientras que el otrosí firmado por Andrade fue en marzo de 2014. Un hecho que resulta temporalmente llamativo porque, asegura Coronell, “no hay nada que se convenga de manera más segura y anticipada que una mordida”.
Así las cosas, sigue en absoluta reserva (y misterio) la identidad del mencionado funcionario 3, que podría acercar las responsabilidades del caso de Odebrecht al círculo más íntimo del expresidente Juan Manuel Santos. Mismo que, hasta ahora, asegura que es completamente ajeno a las decisiones o posibles actuaciones irregulares de sus funcionarios.
Una pista de ello la arrojó el abogado de Luis Fernando Andrade a W Radio, Óscar Ibáñez, quien aseguró que tras leer el contexto del documento, no les queda “la menor duda de que se trata de Juan Sebastián Correa”. Exfuncionario de la ANI que de hecho se encuentra destituido por supuestamente haber recibido varios millones de dólares de Odebrecht a través del exsenador Otto Bula y el “Ñoño” Elías.
“Juan Sebastián Correa está acreditado que recibió dineros de Otto Bula, siempre a espaldas del señor Andrade y diría yo que de toda la organización de la ANI. El tenía un cargo que en principio era solamente ser el enlace en el Congreso, es decir, estar pendiente de los proyectos de ley que interesaban a la Agencia de Infraestructura”, aseguró el abogado.
En ese marco, el defensor asegura que Correa, quien se habría presentado como hombre de confianza de Andrade, nunca fue realmente alguien con influencia en las decisiones de la ANI y “es un testigo desacreditado por más de 40 testigos que dicen lo contrario a lo que él sostuvo”.
No obstante, si algo queda claro en todo este caso es que al final será la justicia la que revele esta maraña de acusaciones e imputaciones en la que, como se evidencia con esto del nuevo “funcionario número 3”, nada está escrito sobre mármol.
