En el complejo escenario de la seguridad global, Colombia enfrenta desafíos únicos que requieren un análisis multidimensional, como propone la teoría de la seguridad ampliada. La seguridad no se limita a la protección militar del Estado, sino que abarca dimensiones económicas, ambientales y sociales que interactúan en un contexto de amenazas transnacionales. En 2025, el país se encuentra en un momento crítico: mientras busca consolidar la paz tras décadas de conflicto armado, enfrenta nuevas dinámicas de inseguridad vinculadas a economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilícita, que se alimentan del desvío de hidrocarburos. La reciente circular conjunta firmada por los Ministerios de Defensa, Minas y Energía, y Justicia, publicada el 7 de abril de 2025, marca un esfuerzo significativo para abordar estas amenazas, pero plantea preguntas sobre su viabilidad y alcance en una nación donde las instituciones enfrentan limitaciones estructurales.
Colombia ha avanzado en la reducción de la violencia desde el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, pero la seguridad sigue siendo frágil. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2024 se registraron 94 masacres y 1,229 asesinatos de líderes sociales desde la firma del acuerdo. Grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, han llenado los vacíos de poder en regiones rurales, financiando sus operaciones con economías ilícitas. El narcotráfico, la minería ilegal y el hurto de hidrocarburos generan ingresos multimillonarios que perpetúan la inseguridad. Ecopetrol reportó pérdidas de 3.6 billones de pesos entre 2019 y 2023 por hurto de crudo, atentados y conexiones ilícitas, con más de 5.3 millones de barriles de petróleo robados en ese período.
El desvío de hidrocarburos no solo afecta las finanzas estatales, sino que tiene un impacto directo en la seguridad nacional. Los combustibles robados se utilizan para procesar cocaína y operar maquinaria en minas ilegales, actividades que degradan el medio ambiente y desestabilizan comunidades. En 2024, la Policía Nacional incautó más de 10 millones de galones de hidrocarburos ilícitos, un aumento del 23% respecto a 2023, según el Ministerio de Defensa. Estas cifras reflejan la magnitud del problema, pero también la persistencia de redes criminales que operan con impunidad en regiones como Norte de Santander, Putumayo y Meta.
La circular firmada el 7 de abril de 2025 por los ministros Pedro Sánchez (Defensa), Edwin Palma (Minas y Energía) y Ángela María Buitrago (Justicia) busca frenar el uso ilícito de hidrocarburos mediante un enfoque integral. El documento establece medidas para fortalecer el monitoreo del transporte de combustibles, mejorar la inteligencia, coordinar con autoridades locales y emplear tecnologías avanzadas, como sistemas de rastreo satelital. Según el ministro Sánchez, estas acciones responden al aumento en la producción de clorhidrato de cocaína y la expansión de la minería ilegal, que dependen de hidrocarburos desviados para operar.
La circular reconoce que la seguridad en Colombia no puede abordarse únicamente desde una perspectiva militar; las amenazas modernas requieren respuestas que integren múltiples sectores del Estado y la sociedad. La colaboración interministerial es un paso positivo, pero su éxito dependerá de la capacidad de implementación en un país donde la corrupción y la falta de presencia estatal en zonas rurales han sido obstáculos históricos. Por ejemplo, en 2024, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó que solo el 46% de los 300 contratos de exploración y producción están en fase activa, lo que limita los recursos disponibles para financiar políticas de seguridad.
A pesar de su ambición, la circular enfrenta varios retos. Primero, la dependencia de tecnologías avanzadas requiere inversiones significativas en un contexto de restricciones fiscales. El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 estima que Colombia podría perder 40 billones de pesos en ingresos por hidrocarburos entre 2027 y 2035 debido a la disminución de la exploración. Esta situación complica el financiamiento de iniciativas como la propuesta en la circular. Segundo, la coordinación con autoridades locales es crucial, pero muchas regiones carecen de la capacidad institucional para implementar medidas efectivas. En 2023, el 30% del suministro de gas en Colombia fue importado, lo que refleja una vulnerabilidad energética que podría exacerbarse si las economías ilícitas no se controlan.
Además, la circular no aborda directamente las causas estructurales de la inseguridad, como la desigualdad y la falta de oportunidades económicas en zonas rurales. La seguridad humana debe ser el núcleo de cualquier estrategia: sin alternativas económicas viables, las comunidades seguirán siendo vulnerables a la cooptación por grupos criminales. Programas como la Estrategia Territorial de Hidrocarburos de la ANH, que en 2025 benefició a 2,000 estudiantes en Córdoba, son un paso, pero su escala es insuficiente frente a la magnitud del problema.
La circular de abril de 2025 es un esfuerzo loable, pero debe ser parte de una estrategia más amplia que combine represión con prevención. Colombia necesita fortalecer su presencia estatal en regiones afectadas, invertir en energías renovables para reducir la dependencia de hidrocarburos y promover el desarrollo económico inclusivo. La seguridad no es solo la ausencia de amenazas, sino la capacidad de las personas para vivir con dignidad y libertad. En un país donde las regalías por hidrocarburos cayeron un 10.1% en 2024, según la ANH, la lucha contra las economías ilícitas debe ir de la mano con una transición energética que garantice sostenibilidad y estabilidad.
Por lo que, la circular conjunta es un paso hacia una concepción más amplia de la seguridad, pero su éxito dependerá de superar las limitaciones institucionales y económicas del país. La seguridad nacional y humana no puede lograrse sin abordar las raíces de la desigualdad y la marginalización. En 2025, el país tiene la oportunidad de redefinir su enfoque de defensa, pero solo lo logrará si actúa con visión, coordinación y compromiso.
