La paz total se ha convertido en una bandera irrenunciable para el gobierno nacional. Pasa el tiempo y con él numerosos acontecimientos en el marco del conflicto que han puesto a prueba la voluntad de paz de todas las partes, pero que al final terminan demostrando la enorme flexibilidad del gobierno Petro frente a los grupos armados.
En las últimas horas, a pesar del cese al fuego pactado que empezaría a regir desde el próximo 6 de julio, el ELN se ha apresurado a cometer todo tipo de vejámenes en contra de la Fuerza Pública. Probablemente el ejemplo más crudo es el secuestro de una sargento del Ejército Nacional, junto a sus dos hijos menores de edad.
La víctima de estos hechos fue Ghislaine Karina Ramírez, junto con sus dos hijos, de seis y ocho años, uno de ellos en condición de autismo. La uniformada no estaba en el terreno, no estaba combatiendo, sino viajando con sus hijos en un automóvil por el municipio de Fortul, en el departamento de Arauca.
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Incumpliendo una vez más el Derecho Internacional Humanitario, el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN fue el autor del secuestro que hoy tiene al país a la espera de novedades sobre la salud de los dos niños pequeños y su madre.
A inicios de esta semana, el ELN también asesinó tres policías en el Catatumbo, en Norte de Santander. El primero de ellos, el patrullero Samir José Vega, por el disparo de un francotirador mientras este patrullaba en el corregimiento de la Petrolea, en la zona rural del municipio de Tibú.
Según aseguraron las autoridades, al momento de ser asesinado, Vega estaba revisando la zona por la presencia de panfletos y demás elementos de propaganda del ELN.
Todavía más triste y cobarde, fue el asesinato de dos policías en el municipio de Zulia (cerca a la Ciudad de Cúcuta), que se encontraban desayunando en un local de comidas sin chaleco antibalas. No solo los mataron estando fuera de combate, desprevenidos, sino que además les robaron sus armas de dotación.
Los nombres de los patrulleros eran Renson García Castro y Jerson David Cuevas, de apenas 39 y 28 años respectivamente. Jóvenes que el único error que habrían cometido era pensar que en este país, que clama la paz por cielo y tierra, se puede desayunar con la tranquilidad de volver a casa con vida.
Pero esta lamentable crónica es todavía más larga. El pasado 4 de julio la guerrilla del ELN cumplía 59 años de insurgencia y para celebrarlos instaló material de propaganda, pintó grafitis y dejó cilindros bomba en varias partes del país. De hecho, en Cúcuta, uno de estos artefactos fue encontrado por la fuerza pública cerca de un centro comercial.
Ese mismo día, un atentado del ELN en la vía a San Faustino, dejó como resultado la muerte de un joven trabajador de una empresa minera. Su nombre era Cristóbal Meneses.
Cerca de las seis de la mañana de ese mismo 4 de julio, explotó uno de esos artefactos explosivos en un oleoducto de Ecopetrol en el municipio santandereano de Barrancabermeja. Una guerra total que, irónicamente, anuncia la supuesta llegada de la paz total.
El precio de la paz con el ELN
En medio de todo esto, han surgido fuertes cuestionamientos hacia el gobierno, que se mantiene firme en su convicción sobre la paz total a pesar de las numerosas veces que el ELN ha demostrado tener poca voluntad matando a la Fuerza Pública y amedrentando a la población civil.
Qué otra cosa podría explicar que, mientras son contados los días para la llegada del cese al fuego pactado en la Habana y que iría hasta el 3 de agosto, el ELN se imponga con un nuevo paro armado indefinido en la subregión chocoana del San Juan. Sus habitantes ya han vivido cinco veces esta situación en el año.
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Las razones detrás de esto tienen que ver con la cruenta guerra territorial que adelanta este grupo guerrillero con el Clan del Golfo en el Chocó. Dejando a la población, de nuevo, a merced de la voluntad de los armados que ya “recomendaron” no movilizarse por el territorio.
Mientras tanto, desde varios sectores se han juzgado las expresiones de rechazo del gobierno, que para muchos han resultado una muestra de extrema flexibilidad.
“Valoramos el cese al fuego, pero nos parece desproporcionado que se diga ‘iniciamos el cese al fuego en tres días’, pero mientras tanto seguimos haciendo cosas que la sociedad rechaza", señaló por ejemplo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Por su parte, el Ministerio de Defensa emitió tanto un comunicado de rechazo frente al secuestro de la sargento y sus hijos, como al asesinato de los tres policías en el Catatumbo, calificándolo como “un vil ataque a nuestra Fuerza Pública” y mandando su “apoyo a las familias y amigos que hoy lloran la pérdida de sus seres queridos”.
