En el departamento del Chocó, más exactamente en el Alto Baudó, se registra una delicada crisis humanitaria por cuenta del conflicto armado entre grupos ilegales quienes, según una comisión de Derechos Humanos (compuesta por representantes de la ONU, la iglesia y las comunidades étnica) que logró hacer un recorrido por la zona, tienen confinados a cerca de 5 mil indígenas que se encuentran rodeados por minas antipersona, sembradas incluso en las escuelas.
Además de los confinamientos y abandonos obligados de sus territorios, las comunidades indígenas padecen por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Pero más grave todavía, la comunidad manifiesta un sentimiento de abandono y precaria atención por parte del Estado colombiano, en un momento en el que, inclusive, se están presentando desplazamientos internos para intentar llevar la situación.
Por esta razón, desde las redes sociales se han activado varios movimientos que visibilizan la emergencia y solicitan una intervención urgente, pues son varias las víctimas de estos grupos terroristas las que han resultado mutiladas y asesinadas.
"Queremos pedirle, con claridad y contundencia al Gobierno Nacional, que mire estas tierras del Chocó y, específicamente, la subregión del Baudó. No podemos seguir arrastrando una historia de olvido y desprecio que alimenta la violencia y la muerte", expresó Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Istmina, a través de un video en el que estuvo acompañado por monseñor Juan Carlos Barreto, de Quibdó; y por el obispo Hugo Torres, de Apartadó.
Los religiosos también solicitaron al ELN y los grupos paramilitares operantes en la zona, que permitan cesar el sufrimiento de las comunidades cuyos principales derechos se están viendo mancillados en este momento.
Sin embargo, no se trata de un fenómeno reciente y, por el contrario, la crítica situación que se vive en ese rincón del Chocó ha sido una dolorosa constante, por lo menos en los últimos 25 años, en los que grupos armados –de la más variada naturaleza ideológica– se han disputado a sangre y fuego el control de un corredor natural sustancial para para los intereses de la guerra y los negocios ilegales.
Cabe mencionar también que este no es el único territorio indígena que se encuentra afectado por los flagelos de la guerra, pues la Organización Indígena del Cauca (OIC), viene alertando desde el 2019 por la tensa situación que viven los municipios del occidente, Atrato Medio y Bajo Cauca, donde justamente el pasado 28 de febrero un joven embera de 13 años perdió su pierna izquierda al pisar una mina antipersona.
