La situación para el turismo en Cartagena y otros destinos del caribe colombiano es cada vez más complicada, ante la creciente falta de control frente al abuso en las tarifas de distintos servicios. Algunos de los cuales incluso son de primera necesidad, como la comida o el transporte.
En las últimas horas, por ejemplo, una usuaria local de taxis de Cartagena le contó a Kienyke.com que esta oleada de abusos en las tarifas se ha visto reflejado también en las carreras de taxi en la ciudad. Incluso aseguró que un conductor le habría cobrado de más con la excusa de que su vehículo tenía aire acondicionado.
“Una carrera que normalmente me cobraba ocho mil pesos, me la cobró a 20 mil, porque le pedí que si me podía poner aire. Me dijo que el taxi con aire costaba diferente”, señaló la usuaria, quien es habitante de la ciudad de Cartagena.
La mujer en cuestión asegura que una vez puso en conocimiento del taxista que no era turista sino local, este se echó para atrás en su cobro irregular ante la amenaza de ser reportado ante el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte.
Este es apenas uno de los casos de una situación que hoy parece paisaje en las zonas de playa, no solo de Cartagena, sino de distintos destinos en el Caribe colombiano. Cabe recordar que apenas esta misma semana, precisamente, se dio un escándalo por un cobro de 600 dólares (poco más de 2,6 millones de pesos) a unos turistas ecuatorianos por el consumo de dos mojarras y cuatro cervezas.
La situación sucedió en la playa de Barú, una península bastante paradisíaca y visitada a pocos minutos de la ciudad de Cartagena, donde este tipo de cobros se han vuelto pan de cada día. Lo peor, es que en aquella ocasión la familia extranjera y los colombianos que los defendían terminaron siendo increpados por varios vendedores ambulantes cuando decidieron pelear por el sobrecosto de los productos.
“Dejá de estar grabando porque te boto ese teléfono”, le dijo uno de los vendedores ambulantes a una de las personas que se negaba a pagar los 600 dólares.
Cobros excesivos en la playa, ¿regla o excepción?
Lo cierto es que las facturas exageradas en sitios turísticos, especialmente en territorios costeros (preferidos por muchos para sus vacaciones), no son casos excepcionales, sino que parece convertirse en regla tener que cuidarse en las playas del país para no resultar con cobros millonarios, con la amenaza adicional de poder ser agredido en caso de negarse a pagar.
Para ejemplo un botón. Por poner un caso vale la pena mencionar la pelea campal que llegó a darse en mayo entre lancheros y turistas de Rodadero, en Santa Marta, por cuenta de un sobrecosto en el servicio de lanchas recreativas.
Dicha situación terminó de la forma más desafortunada posible: turistas golpeados en sus vacaciones, una pelea de gran tamaño que además puso en peligro a los demás visitantes de la playa, una imagen negativa de la ciudad, así como la inmovilización de la embarcación involucrada en el pleito. Una historia que ancla sus raíces en una infraestructura turística tremendamente diversificada y con poco control.
Otro caso en Barú fue la de la extraordinaria factura de más de 6 millones de pesos que a inicios de agosto le llegó a unos turistas mexicanos en un restaurante: Una lancha privada ($980.000), cinco sancochos ($225.000), picada familiar ($1.250.000), 26 cervezas Corona ($1.170.000), bolsa de hielo ($40.000), tres coca colas ($135.000), ceviche de camarón ($85.000), siete estadías ($970.000), un bafle para música ($120.000) y servicio de restaurante ($737.000).
Al igual que siempre, el caso en cuestión fue analizado por las autoridades turísticas de Cartagena y se anunció que se darían los correctivos pertinentes al establecimiento comercial, que igualmente dependen de que los afectados realicen denuncias formales. Sin embargo, eso no parece hasta el momento muy efectivo para detener los abusos.
Todavía más allá, porque por lo menos en los casos anteriores se trataba de consumos efectivos, se encuentra el caso de la factura (de nuevo en Playa Blanca, Barú) en la que se registró un cobro de 250 mil pesos por “servicio y seguridad”. Costo que llegó a elevar a más de 330 mil pesos una factura que originalmente valdría apenas $86 mil.
En aquella ocasión, la Secretaría del Interior de Cartagena intervino, mientras que se reiteró la recomendación a turistas de Barú y otros sectores de Cartagena a preguntar los precios de los establecimientos antes de consumir. Es decir, prácticamente andarse con cuidado para evitar ser estafados.
Y la lista sigue: el cobro de 400 mil pesos por una botella de aguardiente en Cartagena o la cuenta de 336 mil pesos que sólo incluía una piña colada, un agua de coco y una botella de agua. Todas ellas facturas completamente exageradas, que hacen preguntarse en el fondo la efectividad de la dependencia de turismo de los destinos más frecuentados por públicos nacionales y extranjeros.
En muchas partes del mundo dicha especulación de precios se ha controlado a través de un papel más activo de las autoridades e incluso con la concentración de la oferta a través de una oficina de turismo que pueda regular los precios de distintos servicios recreativos. Todas ellas responsabilidades evidentemente eludidas, que generan un efecto contrario en los objetivos de promoción de los destinos nacionales y el papel protagónico que se espera del turismo en la economía local.
