La decisión de Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, de disolver en Congreso mediante la medida denominada 'muerte cruzada' ha causado gran controversia no solo en el país sino también en Latinoamérica. Opositores lo han considerado inconstitucional, mientras que miembros del Gobierno reiteran que es una medida necesaria.
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Cabe recordar que Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció esta medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario recurrió a la "muerte cruzada" antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
¿La 'muerte cruzada' sería inconsitucional?
El opositor Partido Social Cristiano (PSC) anunció que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad al decreto por el cual el jefe de Estado, Guillermo Lasso, disolvió el Parlamento y pidió que se convoque a elecciones anticipadas de autoridades del Legislativo y el Ejecutivo.
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En un comunicado, el PSC señaló que no existen al momento causales para aplicar la llamada "muerte cruzada", que contempla la Carta Magna, por lo que consideró que el jefe de Estado ha violado la Constitución.
"Procederemos a presentar ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad con medida cautelar de suspensión del Decreto Ejecutivo 741 del 17 de mayo de 2023", reza el escrito colgado en la cuenta de Twitter del líder socialcristiano, Jaime Nebot.
El PSC consideró que "en lo político y en la práctica, el Presidente se ha declarado dictador, aunque sea por corto tiempo", pues gobernará por decreto hasta que se realicen las elecciones, como lo establece la Constitución.
En un mensaje a la nación, Lasso anunció la muerte cruzada, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por "grave conmoción interna y política", después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
El mandatario recurrió a la "muerte cruzada" antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, defendió la decisión de Lasso y aseguró que "el país no está para medidas de hecho, sino siempre fundamentadas en derecho".
"Si cualquier ciudadano, inclusive los exasambleísta, creen pertinente presentar los recursos correspondientes ante la Corte Constitucional, es válido y será la Corte quien decida", dijo en la cadena de televisión Teleamazonas.
Aunque Cucalón insistió en que "será la Corte quien dictamine", al momento "el decreto está ejecutado, la Asamblea Nacional se encuentra disuelta, está debidamente notificada".
En un máximo de siete días, el Consejo Nacional Electoral "debe convocar a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas, y el pueblo ecuatoriano asume la responsabilidad de acudir a las urnas, para mejorar los destinos de la nación", puntualizó.
Consultado sobre si Lasso será candidato a la reelección apuntó: "El presidente de República informará, en el debido momento, cuál es su decisión legítima y legal de participar, o no, en las elecciones".
