El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Facebook el pasado jueves 3 de diciembre por acusaciones de que la empresa eludió las reglas de visas para discriminar a los trabajadores estadounidenses en más de 2.600 puestos.
El Departamento acusó a Facebook de no considerar a los "trabajadores estadounidenses calificados y disponibles" para los trabajos que se asignaron a extranjeros.
La entidad indicó en un comunicado que tras una investigación de dos años se determinó que la empresa "creó intencionalmente un sistema de contratación en el que negó a los trabajadores estadounidenses calificados una oportunidad justa para conocer y solicitar puestos de trabajo que Facebook buscaba canalizar a los titulares de visas temporales".
Las visas H-1B a menudo son utilizadas por el sector de la tecnología para llevar trabajadores extranjeros altamente calificados a Estados Unidos. Pero los críticos dicen que las leyes que rigen estas visas son laxas y hacen que sea demasiado fácil reemplazar a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera más barata.
Las tácticas de contratación ilegal incluyeron no publicar ofertas de trabajo en el sitio web de carreras de Facebook y requerir que los solicitantes se postulen por correo físico, dijo el Departamento, alegando que las prácticas se remontan a al menos a 2018 y se extienden hasta septiembre de 2019.
El Secretario de Justicia Auxiliar, Eric S. Dreiband, de la División de Derechos Civiles dijo que no debería haber dudas sobre la intención detrás de la demanda de Facebook.
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"Nuestro mensaje para los trabajadores es claro: si las empresas niegan oportunidades de empleo al preferir ilegalmente a los titulares de visas temporales, el Departamento de Justicia los hará responsables", afirmó Dreiband. "Nuestro mensaje para todos los empleadores, incluidos los del sector de la tecnología, es claro: no se puede preferir ilegalmente reclutar, considerar o contratar a titulares de visas temporales en lugar de trabajadores estadounidenses".
Las vacantes en cuestión tienen un pago aproximado de USD 156.000 al año, según el Departamento de Justicia.
