Una aparente "normalidad" viven los habitantes del municipio de Soyapango, la tercera ciudad más poblada de El Salvador, que fue "cercada" por elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil (PNC) para capturar a los pandilleros que "se encuentran escondidos" en dicho lugar, de acuerdo con las autoridades gubernamentales.
La madrugada del sábado, 8.500 soldados y 1.500 policías tomaron el "control" de dicha ciudad, ubicada a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador capital, y se desplegaron por las diferentes colonias que componen al municipio, en su mayoría estigmatizadas por la alta presencia de pandilleros durante años.
En Soyapango, la segunda ciudad más poblada del Área Metropolitana de San Salvador -integrada por 14 municipios-, se observa a militares armados de pies a cabeza y a policías por doquier. Apostados en las paradas de los autobuses del transporte colectivo público, en las canchas de los barrios, en las calles de acceso a las colonias y en los caminos rurales.
EFE pudo constatar este lunes que en la zona se vive una "relativa calma" en medio de una alta presencia militar. El transporte público no ha parado y las personas que se dedican a la venta informal de productos han salido para obtener ingresos.
Los soldados y los policías se suben a las unidades del transporte público para registrar a las personas, en su mayoría a hombres de todas las edades, e instalan controles para chequear a coches y motocicletas que buscan entrar o salir del municipio.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró la noche del domingo que "más de 140 pandilleros han sido arrestados dentro del cerco". No obstante, los supuestos capturados no han sido presentados a la prensa.
La Presidencia indicó en un comunicado que "los residentes en Soyapango han expresado estar a favor de la estrategia de seguridad que mantiene el Gobierno por los resultados favorables. Este será el año más seguro en la historia del país", agregó.
"Cercar" la localidad de Soyapango se da en el contexto de un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia y suspende varios derechos constitucionales, tras una ola de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas en tres días. Pero Bukele ha señalado que la medida corresponde a la fase cinco del Plan Control Territorial.
Dicho plan que fue lanzando en 2019 y a esta medida se le atribuye la baja en los homicidios a través de frenar las fuentes de financiamiento de las maras y retomar las zonas controladas por estas bandas.
Sin embargo, la población en general desconoce un documento oficial que detalle el camino para atender desde el Estado el fenómeno de las pandillas.
