Este documento periodístico busca dar cuenta del camino recorrido por diferentes actores para alcanzar la despenalización del aborto en Colombia, así como los avaneces que esta ley ha traído en materia de derechos sexuales y reproductivos al país, y los retos que aún enfrenta su implementación.
Colombia ha atravesado un largo camino para poder ser actualmente el país de América Latina con más avances frente a la despenalización del aborto de toda la región.
Un hito que no hubiera sido posible sin el esfuerzo colectivo de tantas voces que poco a poco se han ido sumando a una conversación que buscaba garantizar el derecho a decidir de todas las mujeres.
Aunque antes de la sentencia C-055 de 2022 las mujeres podían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo bajo tres causales, no fue hasta el 2022 que el país pudo concretar en el Congreso de la República que no fueran únicamente esas tres razones las que les permitieran a las mujeres poder elegir sobre sus cuerpos.
Este resultado, obliga a ver los antecedentes que hicieron posible que Colombia avanzara un poco más en la despenalización total del aborto.
¿Cuándo comenzó en realidad el debate sobre el aborto?
Esta discusión comenzó cuando en los años 30 el código penal de la época (que se mantuvo hasta 1980), decidió incluir esta practica como delito, penalizándolo a través de su artículo 389 bajo cualquier circunstancia, incluso cuando no era un aborto inducido.
Así lo menciona un informe publicado por la Universidad de El Bosque llamado ‘Despenalización del aborto en Colombia’ en el que además de describen cómo esta conversación se retomó hasta la mitad de la década de los años setenta donde se cuestiona el aborto como delito.
Y es que los primeros intentos legislativos por realizarlo, vinieron por parte del senador Liberal Iván López Botero, quien presentó al Congreso de la República el primer proyecto de ley para reglamentar la interrupción terapéutica del embarazo en sus primeras doce semanas, pero solo en circunstancias donde un dictamen médico dijera que el embarazo constaba de un riesgo amplio para la madre o que el bebe en camino tuviera alguna enfermedad genética.
Para finales de esa década (1979) llegó el segundo proyecto, presentado esta vez por la representante a la Cámara Consuelo Lleras que buscaba despenalizar el aborto hasta la semana 12, unificando los avances hechos por López Botero, pero agregando que la mujer debía comprobar enfermedades graves o malformaciones del feto.
Pasaron casi 10 años para que un nuevo proyecto de ley apareciera volviendo a poner sobre la mesa la despenalización del aborto. Era 1987 y el senador Eduardo Romo Rosero, incluyendo nuevas causales como: si la mujer consumía sustancias psicoactivas o padecía limitaciones físicas, podría realizar el procedimiento.
Dos años más tarde se retomó esta idea pero proponiendo esta vez un término de máximo de 90 días, es decir 3 meses, en los casos en los que el embarazo representara un serio peligro para la salud física y psíquica de la mujer, por sus condiciones socioeconómicas o familiares.
La constitución del 91, abrió nuevas posibilidades. Colombia se convertía en un Estado laico, mucho más diverso y amplio, también daba más autonomía político-administrativa a las regiones, además de aceptar estar bajo el régimen internacional de derechos humanos en donde se incluía la igualdad de género.
Fue así que en 1993 y ya con la nueva constitución en marcha. Llegó el quinto intento para despenalizar el aborto.
A finales de esta década, el activismo feminista había aumentado, figuras como la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, además de la Mesa por la Vida y Salud de las mujeres ya estaban establecidos, por eso, este último colectivo organizo un trabajo en 3 línea principales: incidencia jurídica y legislativa, implementación de la política pública y comunicaciones.
Con un trabajo artículo de años de estos colectivos y organizaciones en 2005 se debatió llevar la despenalización por las vías constitucionales.
Esto, a través de una estrategia de Litigio de Alto Impacto que se denominó LAICIA, presentando una demanda contra la Corte Constitucional dándole paso a las famosas 3 causales ya mencionadas el 10 de mayo de 2006 que declaró inexequible el artículo 22 del código penal, es decir, determinó que no se incurre en un delito de aborto bajo esas tres circunstancias descritas. Un avance enorme pero aún excluyente.
Entonces la práctica del aborto pasó de ser penalizado bajo cualquier circunstancia a ser viable bajo los parámetros de la sentencia C-355 que mencionaba que se podría abortar solo cuando:
- Peligra la vida o la salud de la madre;
- Se presenta malformación del feto incompatible con la vida;
- El embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o inseminación no consentida.
Para el 2017, muchos colectivos ya organizados trabajaban de forma articulada. Fue en este año cuando surgió Causa Justa, una iniciativa de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres por la despenalización total del aborto.
Un sueño de muchos colectivos feministas y de derechos humanos que empezaron a trabajar poco a poco hasta llegar a consolidarse en el 2020 como un movimiento que terminaría por transformar lo que antes parecía poco viable para muchos de conseguir: un fallo histórico, la eliminación del delito de aborto en el país hasta la semana 24.
Años de trabajo colectivo que se concretaron en un día histórico
El 21 de febrero de 2022, Colombia vivió un día histórico para los derechos reproductivos de las mujeres al lograr la despenalización parcial del aborto.
Después de meses de retrasos y esfuerzos por parte de grupos opositores al aborto, la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión definitiva en una sesión extraordinaria.
Con una votación 5-4, se resolvió despenalizar el aborto hasta la semana 24, es decir, hasta los seis meses de gestación.
El fallo fue alcanzado gracias a los votos de los magistrados Alberto Rojas, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y el conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue clave para desempatar la votación. No obstante, la Corte no eliminó el aborto del Código Penal, lo que dejó pendiente una nueva lucha por parte de los colectivos.
Este avance fue el resultado de años de trabajo colectivo liderado por el movimiento Causa Justa, que, desde su formación en 2018, buscó eliminar el aborto del Código Penal colombiano. La organización, compuesta por más de 200 activistas y colectivos, luchaba por la autonomía y libertad reproductiva de las mujeres y niñas en el país.
Con más de 90 argumentos las pioneras de este movimiento Ana Cristina González Vélez y Cristina Villareal, las mujeres detrás del Movimiento Causa Justa, junto con todo el movimiento lograron eliminar del Código Penal el aborto como un avance para las mujeres, para la sociedad y para la democracia.
Fue así como llegó entonces la Sentencia C-055 de 2022, que declaró la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, para que el aborto ya no sea considerado un delito. Sino que, sea una conducta punible después de las 24 semanas de gestación.
Una lucha de años, como ha mencionado Ana Cristina González “empezamos a juntarnos a finales de los 90, hasta alcanzar, en 2022, la eliminación del delito de aborto… Cumplimos 25 años de historia por la libertad reproductiva de las mujeres. Creamos este espacio en un momento en el que el aborto estaba totalmente prohibido, y en el que el estigma, la persecución y la autocensura eran la norma, fue así que la La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres nació en tiempos de clandestinidad, pero con la vocación de hacernos visibles y sacar de la oscuridad, de la ilegalidad y del miedo el debate sobre el aborto”.
¿Cómo está Colombia frente a otros países de la región en cuanto al aborto?
En América Latina, las leyes sobre el aborto varían significativamente de un país a otro. Colombia se destaca por ser el país con el límite gestacional más alto en la región. Desde la histórica decisión de la Corte Constitucional en febrero de 2022, el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación, lo que coloca a Colombia en una posición avanzada comparado con otros países de la región.
En contraste, otros países como Argentina han avanzado en la legalización del aborto en los últimos años, pues en 2020, Argentina se convirtió en el primer gran país de América Latina en legalizar el aborto de manera amplia, permitiendo la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
Pese a que Colombia ha avanzado de forma significativa, la despenalización no significó el fin de la lucha. Los grupos a favor de los derechos reproductivos enfrentaron el desafío de garantizar de forma efectiva implementación de la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022) en todo el territorio nacional, sin ningún tipo de barreras, algo en lo que si bien han logrado avanzar, aún hay varios retos por delante.
Implementación del aborto en Colombia: Avances, retos y desafíos
A pesar de los logros jurídicos, el informe presentado por Profamilia a finales de 2024 evidencia que existen aún significativas barreras para que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer plenamente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y oportuna.
La medición de la oferta de aborto seguro
Profamilia, en colaboración con RIOS, lanzó el primer Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro, el cual mide el acceso a este servicio en los 1.121 municipios de Colombia.
Este índice evalúa tres dimensiones: estructura, proceso y resultados, y resalta las grandes disparidades entre los centros urbanos y las zonas rurales. En total, Colombia obtuvo un puntaje de 34,2 sobre 100, lo que pone en evidencia que el acceso a servicios de aborto seguro está lejos de ser igualitario.
La estructura del sistema de salud muestra una deficiencia alarmante en recursos físicos, humanos y organizacionales. En particular, los municipios fuera de las ciudades capitales presentan una escasez de infraestructura y profesionales capacitados. Esta brecha geográfica obliga a muchas mujeres a desplazarse a otros municipios, lo que incrementa tanto el costo como el tiempo de acceso al servicio.
Desigualdad entre ciudades y municipios
El índice reveló que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla presentan una oferta relativamente mejor, pero aún muy lejos de lo ideal. Mientras que en algunas capitales se alcanzan puntajes de 60 puntos sobre 100, en otros municipios más alejados, como San Andrés o Quibdó, las puntuaciones no superan los 50, lo que deja en evidencia las profundas desigualdades en la atención.
El estudio también mostró que solo el 1% de los municipios colombianos cuenta con una oferta mínima de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que un porcentaje significativo de los municipios no ofrece ninguna alternativa de acceso.
En cuanto al proceso de atención, el puntaje promedio fue de 20, lo que refleja la baja disponibilidad de recursos y la falta de personal médico capacitado para la prestación de estos servicios de manera adecuada y conforme a las normativas nacionales e internacionales.
Iniciativas locales y avances en algunas regiones
En el lado positivo, organizaciones como la Corporación Colectiva Justicia Mujer han logrado avances significativos en la eliminación de barreras al acceso al aborto en el departamento de Antioquia. A través de su Centro de Justicia para las Mujeres, han acompañado a mujeres en diversas semanas gestacionales, eliminando barreras sociales, institucionales y económicas que dificultaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
En 2023 y 2024, la Colectiva identificó y eliminó 98 barreras para 46 mujeres, muchas de ellas provenientes de áreas rurales y de otros departamentos, incluida una alta proporción de mujeres venezolanas que no tenían acceso al sistema de salud colombiano.
Este esfuerzo ha sido un hito en la lucha por la autonomía reproductiva, pero subraya las dificultades que enfrentan las mujeres que no residen en las grandes ciudades. Muchas de ellas se ven obligadas a enfrentarse a una atención inadecuada, desconocimiento del marco legal, o incluso violencia obstétrica por parte de los prestadores de servicios.
Desafíos persistentes y recomendaciones
El informe de Profamilia también señala las recomendaciones para mejorar la implementación del aborto en Colombia.
A nivel estructural, es urgente la asignación de más recursos para mejorar las instalaciones de salud, capacitar a más profesionales en los procedimientos y garantizar que las zonas rurales y apartadas cuenten con servicios accesibles. Además, se debe promover la educación continua de los médicos para que conozcan y apliquen las técnicas más seguras y eficientes en la interrupción del embarazo.
El proceso de atención también requiere una mejora sustancial, desincentivando el uso de procedimientos obsoletos como el legrado y promoviendo métodos más seguros como el AMEU o el uso combinado de medicamentos como la Mifepristona y Misoprostol. Además, se debe reducir el tiempo de espera para consultas y garantizar el acceso al aborto a mujeres no aseguradas, como las migrantes.
Finalmente, el resultado de la prestación del servicio ha mostrado un impacto positivo en la salud de las pacientes, con un puntaje promedio de 74,8, lo que demuestra que, aunque el acceso es desigual, los procedimientos realizados bajo los estándares adecuados preservan la salud de las mujeres.
Tres años después de la despenalización del aborto en Colombia, los avances legales y la lucha de organizaciones como la Colectiva Justicia Mujer han sido fundamentales, pero el acceso al aborto seguro sigue siendo desigual. Las brechas entre las ciudades capitales y los municipios más alejados reflejan la necesidad urgente de reformar y fortalecer el sistema de salud en todo el país. Mientras tanto, el camino hacia la equidad y la autonomía reproductiva continúa siendo un reto en el que el compromiso de las instituciones, los profesionales de la salud y las organizaciones de la sociedad civil es clave para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto de manera segura y digna.
El papel de Profamilia en el derecho a decidir
En Colombia, el debate sobre el aborto ha sido un tema complejo y, durante muchos años, estuvo marcado por la ilegalidad y la falta de acceso a procedimientos seguros.
Sin embargo, con los avances en la legislación y el respaldo de organizaciones como Profamilia, las mujeres han podido acceder a servicios médicos que respetan su autonomía reproductiva.
En una reciente entrevista con KienyKe, el Dr. Juan Carlos Vargas, ginecólogo y asesor científico de Profamilia, detalló el papel fundamental de esta organización en el acompañamiento a las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo.
Profamilia y su historia en la promoción de los derechos reproductivos
Profamilia ha sido pionera en Colombia en la promoción de los derechos reproductivos y la salud sexual.
Desde su fundación, hace más de seis décadas, ha trabajado en temas como la anticoncepción, la salud sexual y reproductiva, además de la interrupción voluntaria del embarazo bajo las normativas establecidas por la ley.
KienyKe.com conversó con el Dr. Juan Carlos Vargas, médico ginecólogo y asesor científico Profamilia, quien además estuvo detrás de la introducción de la anticoncepción de emergencia en el país a finales de los años 90 y su papel en la sentencia C-355 de 2006, que permitió el aborto bajo tres causales (violación, malformación del feto y riesgo para la salud de la mujer).
Sus conocimientos médicos y su experiencia también lo llevaron a trabajar en 2022 desde Profamilia en los argumentos que jugaron un papel clave en la decisión de la Corte Constitucional, que amplió la legalización del aborto en Colombia, permitiéndolo hasta la semana 24 de gestación sin necesidad de alegar causales específicas.
Esta decisión representó un avance significativo en la autonomía reproductiva de las mujeres colombianas, y la organización continúa ofreciendo apoyo a quienes deciden interrumpir su embarazo bajo este nuevo marco legal.
Acompañamiento integral en la interrupción del embarazo
Uno de los elementos más destacados del trabajo de Profamilia es el enfoque integral con el que acompaña a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.
Este acompañamiento no solo incluye la atención médica necesaria, sino también el respeto por la privacidad, el apoyo psicológico y la prevención de embarazos no deseados en el futuro.
Según el Dr. Vargas, Profamilia ofrece un programa llamado Prevención y Atención del Embarazo No Deseado (PAEND), que está diseñado para brindar asesoría integral a mujeres o personas con capacidad de gestación que buscan una interrupción voluntaria del embarazo.
¿Cuál es el paso a paso para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)?
El proceso comienza con una consejería en la que se brinda toda la información necesaria para que la persona pueda tomar una decisión informada. Una vez que se decide continuar con la interrupción, se le explica las opciones disponibles, ya sea a través de medicamentos o procedimientos quirúrgicos, dependiendo de la edad gestacional.
Una de las principales preocupaciones que las mujeres suelen tener al decidir interrumpir su embarazo es el estigma social y la victimización a la que pueden ser sometidas.
Profamilia trabaja arduamente para evitar estos problemas, ofreciendo un acompañamiento constante y respetuoso durante todo el proceso. Cada mujer es acompañada por un gestor, quien vela por su bienestar y le ofrece el apoyo emocional necesario, así como información continua sobre las opciones anticonceptivas disponibles para prevenir futuros embarazos no deseados.
El aborto medicamentoso es una de las opciones más utilizadas en las primeras semanas de gestación, y Profamilia lo ofrece como parte de su atención integral. Según el Dr. Vargas, este método es seguro y efectivo hasta las 12 semanas de gestación, y en algunos casos, hasta las 14 semanas, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este procedimiento, las mujeres reciben medicamentos que inducen el aborto de manera controlada y segura, y todo el proceso es monitoreado de cerca por profesionales de la salud.
Por otro lado, si el embarazo supera las 12 semanas o si la mujer prefiere un procedimiento quirúrgico, Profamilia ofrece opciones como la aspiración en salas de procedimientos especializadas, que son igualmente seguras y se realizan con todo el cuidado necesario para minimizar riesgos.
Es fundamental que las mujeres comprendan que la interrupción del embarazo, cuando se realiza en condiciones seguras y con un acompañamiento profesional adecuado, no presenta mayores riesgos para su salud física ni mental. En este sentido, la organización hace énfasis en que, según la literatura médica, la interrupción del embarazo legal y seguro no produce secuelas emocionales, y psicológicas permanentes, siempre y cuando se proporcione una atención adecuada.
Una de las prioridades de Profamilia es la prevención de embarazos no deseados. En este sentido, el Dr. Vargas destaca que, además de atender a las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo (IVE), la organización se enfoca en educar a sus pacientes sobre el uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia y larga duración. Al finalizar el proceso de interrupción, cada mujer es acompañada por un equipo que le ofrece información sobre cómo prevenir futuros embarazos no deseados y se le proporciona acceso a métodos anticonceptivos.
La educación sexual y reproductiva es otro aspecto clave del trabajo de Profamilia. La organización realiza constantes campañas de sensibilización para informar a la sociedad sobre los derechos reproductivos de las mujeres y sobre la importancia de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en condiciones seguras. Este enfoque integral busca no solo brindar atención, sino también fomentar un cambio cultural que respete la autonomía de las mujeres.
Mitos y realidades sobre el aborto legal en Colombia
Uno de los mayores desafíos que enfrenta Profamilia es la desinformación y los mitos que circulan sobre el aborto.
El Dr. Vargas menciona que uno de los mitos más comunes es que el aborto legal y seguro causa secuelas emocionales permanentes. Sin embargo, la evidencia médica demuestra que, en su mayoría, las mujeres que reciben atención adecuada no experimentan efectos negativos a largo plazo.
Otro mito que se combate activamente es la idea de que el aborto genera infertilidad. En realidad, la interrupción del embarazo segura no afecta la fertilidad de las mujeres, y la mayoría de las pacientes pueden quedar embarazadas nuevamente sin problemas en el futuro.
¿Cuál ha sido el impacto de la despenalización del aborto en la Salud Pública?
La despenalización del aborto en Colombia hasta la semana 24 ha tenido un impacto positivo en la salud pública, reduciendo la mortalidad y las complicaciones asociadas a abortos clandestinos. Según el Dr. Vargas, la atención segura y legal ha demostrado ser más económica para el sistema de salud, ya que reduce los costos asociados a complicaciones graves derivadas de procedimientos inseguros.
Profamilia continúa su labor educativa y de acompañamiento, trabajando para que cada mujer colombiana tenga acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros, informados y respetuosos.
El trabajo de Profamilia en Colombia ha sido clave en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Con su enfoque integral, que incluye acompañamiento médico, psicológico y educativo, la organización ha logrado que las mujeres tengan acceso a procedimientos seguros de interrupción del embarazo. Profamilia sigue siendo un referente en la defensa de la autonomía reproductiva y la salud sexual en Colombia, contribuyendo al bienestar de miles de mujeres en todo el país.
