Pese a que Colombia ha avanzado de forma significativa, la despenalización no significó el fin de la lucha. Los grupos a favor de los derechos reproductivos enfrentaron el desafío de garantizar de forma efectiva implementación de la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022) en todo el territorio nacional, sin ningún tipo de barreras, algo en lo que si bien han logrado avanzar, aún hay varios retos por delante.
Implementación del aborto en Colombia: Avances, retos y desafíos
A pesar de los logros jurídicos, el informe presentado por Profamilia a finales de 2024 evidencia que existen aún significativas barreras para que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer plenamente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera segura y oportuna.
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La medición de la oferta de aborto seguro
Profamilia, en colaboración con RIOS, lanzó el primer Índice Municipal de la Oferta de Aborto Seguro, el cual mide el acceso a este servicio en los 1.121 municipios de Colombia.
Este índice evalúa tres dimensiones: estructura, proceso y resultados, y resalta las grandes disparidades entre los centros urbanos y las zonas rurales. En total, Colombia obtuvo un puntaje de 34,2 sobre 100, lo que pone en evidencia que el acceso a servicios de aborto seguro está lejos de ser igualitario.
La estructura del sistema de salud muestra una deficiencia alarmante en recursos físicos, humanos y organizacionales. En particular, los municipios fuera de las ciudades capitales presentan una escasez de infraestructura y profesionales capacitados. Esta brecha geográfica obliga a muchas mujeres a desplazarse a otros municipios, lo que incrementa tanto el costo como el tiempo de acceso al servicio.
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Desigualdad entre ciudades y municipios
El índice reveló que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla presentan una oferta relativamente mejor, pero aún muy lejos de lo ideal. Mientras que en algunas capitales se alcanzan puntajes de 60 puntos sobre 100, en otros municipios más alejados, como San Andrés o Quibdó, las puntuaciones no superan los 50, lo que deja en evidencia las profundas desigualdades en la atención.
El estudio también mostró que solo el 1% de los municipios colombianos cuenta con una oferta mínima de servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que un porcentaje significativo de los municipios no ofrece ninguna alternativa de acceso.
En cuanto al proceso de atención, el puntaje promedio fue de 20, lo que refleja la baja disponibilidad de recursos y la falta de personal médico capacitado para la prestación de estos servicios de manera adecuada y conforme a las normativas nacionales e internacionales.
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Iniciativas locales y avances en algunas regiones
En el lado positivo, organizaciones como la Corporación Colectiva Justicia Mujer han logrado avances significativos en la eliminación de barreras al acceso al aborto en el departamento de Antioquia. A través de su Centro de Justicia para las Mujeres, han acompañado a mujeres en diversas semanas gestacionales, eliminando barreras sociales, institucionales y económicas que dificultaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
En 2023 y 2024, la Colectiva identificó y eliminó 98 barreras para 46 mujeres, muchas de ellas provenientes de áreas rurales y de otros departamentos, incluida una alta proporción de mujeres venezolanas que no tenían acceso al sistema de salud colombiano.
Este esfuerzo ha sido un hito en la lucha por la autonomía reproductiva, pero subraya las dificultades que enfrentan las mujeres que no residen en las grandes ciudades. Muchas de ellas se ven obligadas a enfrentarse a una atención inadecuada, desconocimiento del marco legal, o incluso violencia obstétrica por parte de los prestadores de servicios.
Desafíos persistentes y recomendaciones
El informe de Profamilia también señala las recomendaciones para mejorar la implementación del aborto en Colombia.
A nivel estructural, es urgente la asignación de más recursos para mejorar las instalaciones de salud, capacitar a más profesionales en los procedimientos y garantizar que las zonas rurales y apartadas cuenten con servicios accesibles. Además, se debe promover la educación continua de los médicos para que conozcan y apliquen las técnicas más seguras y eficientes en la interrupción del embarazo.
El proceso de atención también requiere una mejora sustancial, desincentivando el uso de procedimientos obsoletos como el legrado y promoviendo métodos más seguros como el AMEU o el uso combinado de medicamentos como la Mifepristona y Misoprostol. Además, se debe reducir el tiempo de espera para consultas y garantizar el acceso al aborto a mujeres no aseguradas, como las migrantes.
Finalmente, el resultado de la prestación del servicio ha mostrado un impacto positivo en la salud de las pacientes, con un puntaje promedio de 74,8, lo que demuestra que, aunque el acceso es desigual, los procedimientos realizados bajo los estándares adecuados preservan la salud de las mujeres.
Tres años después de la despenalización del aborto en Colombia, los avances legales y la lucha de organizaciones como la Colectiva Justicia Mujer han sido fundamentales, pero el acceso al aborto seguro sigue siendo desigual.
Las brechas entre las ciudades capitales y los municipios más alejados reflejan la necesidad urgente de reformar y fortalecer el sistema de salud en todo el país. Mientras tanto, el camino hacia la equidad y la autonomía reproductiva continúa siendo un reto en el que el compromiso de las instituciones, los profesionales de la salud y las organizaciones de la sociedad civil es clave para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto de manera segura y digna.
