La Policía Nacional de Colombia ha transitado un camino de modernización constante, adaptándose a los retos cambiantes de la seguridad y la convivencia ciudadana. Desde finales del siglo XX, la institución ha experimentado reformas estructurales que han redefinido su papel en la sociedad, destacándose la Ley 62 de 1993 como un hito clave en este proceso. Esta norma fortaleció su carácter civil, impulsó mecanismos de supervisión y promovió una mayor cercanía con la comunidad, sentándose las bases para una policía más transparente y eficiente. Sin embargo, cada nuevo director enfrenta el desafío de profundizar estos avances, corregir falencias y responder a las crecientes exigencias en materia de seguridad, en un contexto donde la confianza ciudadana y la legitimidad institucional están en permanente escrutinio.
La modernización de esta Institución se refleja en diversas estrategias y reformas estructurales como el proceso iniciado en el año 2021, la iniciativa más ambiciosa en esta materia con énfasis en la profesionalización, la transparencia y la cercanía con la comunidad. En este proceso se destacan la creación de un nuevo Estatuto de Carrera para consolidar la formación y el desarrollo profesional de los uniformados, un nuevo Estatuto Disciplinario para robustecer la integridad institucional y sancionar irregularidades, y una reorganización institucional para mejorar la eficiencia operativa. Además, como parte de este esfuerzo por renovar la imagen de la Policía Nacional y fortalecer su identidad, se implementó un cambio en el uniforme, al adoptarse un diseño funcional y moderno que busca reforzar la proximidad con la ciudadanía.
Asimismo, se implementó un programa de diálogo ciudadano, “Hablemos de Policía”, como un espacio de participación orientado a la relación con la comunidad y la confianza ciudadana. También se ha avanzado en la modernización tecnológica con herramientas de análisis criminal y estrategias de policiamiento basado en evidencia para mejorar la prevención del delito. Sin embargo, estos esfuerzos solo tendrán un impacto real si se traducen en un servicio policial más efectivo y cercano a la ciudadanía, un reto que el nuevo director de la institución deberá asumir con determinación.
A pesar de la ambiciosa hoja de ruta trazada en 2021 para la modernización y transformación integral de la Policía Nacional, la gestión del general William Salamanca, durante sus 19 meses como director de la Institución, no logró consolidar los cambios estructurales propuestos. Las reformas quedaron en la planificación y no se tradujeron en mejoras tangibles en la operatividad policial ni en la percepción de seguridad. La implementación del nuevo Estatuto de Carrera y del Estatuto Disciplinario, piezas clave para la transparencia y la profesionalización de la Policía, avanzó de manera fragmentada, y la reorganización institucional aún enfrenta desafíos en términos de eficiencia y articulación. Así, la salida del general Salamanca deja un proceso de cambio inconcluso, en donde se evidencia la dificultad de materializar una reforma estructural en un contexto donde la legitimidad y la efectividad policial continúan en entredicho.
Uno de los mayores desafíos que enfrentará la Policía Nacional bajo la dirección del general Carlos Triana, nuevo director de la Institución, es la reducción de la brecha en seguridad que persiste en varias regiones del país. Se debe incrementar los esfuerzos de vigilancia y prevención en las principales ciudades, y replantear la estrategia de seguridad. Con mayor énfasis en zonas del territorio nacional como El Catatumbo y El Plateado, escenarios de violencia e inseguridad dominadas por actores armados ilegales y economías criminales. En estos momentos de la coyuntura nacional, la presencia policial requiere combatir el crimen organizado y fomentar la confianza de las comunidades en la institucionalidad. Esto implica una articulación con las Fuerzas Militares y demás instituciones del Estado, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y, sobre todo, la recuperación del control estatal en zonas donde hoy predomina la ausencia de autoridad.
Además, el bienestar y la motivación del personal policial deben ser una prioridad. La implementación efectiva del nuevo Estatuto de Carrera y de los mecanismos de ascenso son fundamentales para garantizar que los hombres y mujeres de la Institución cuenten con mejores oportunidades de desarrollo profesional donde su labor sea valorada y respaldada. Un policía desmotivado o con escasas posibilidades de progreso difícilmente podrá cumplir con excelencia su misión de servir y proteger. La lucha contra el narcotráfico y las economías criminales no puede recaer sobre una Institución desmoralizada o carente de incentivos. Se requiere una reingeniería en las políticas de bienestar, con mejoras en condiciones laborales, garantías de seguridad para quienes operan en territorios de alto riesgo y una mayor inversión en salud mental y apoyo psicosocial.
Finalmente, el general Triana asume una Institución que necesita liderazgo y determinación para finiquitar la hoja de ruta del proceso de transformación institucional. La Policía Nacional no puede permitirse más promesas inconclusas ni reformas estancadas. Es hora de pasar del discurso a la ejecución, de consolidar los avances en transparencia, profesionalización y modernización, y de reconstruir la confianza ciudadana con hechos concretos. La legitimidad de la Fuerza Pública se construye con resultados, con un servicio eficiente y cercano a la comunidad, con una lucha efectiva contra el crimen y con una estructura interna que realmente refleje los valores de integridad y vocación de servicio.
