Al menos 213 feminicidios fueron cometidos en Colombia entre el primero de enero y el 5 de mayo pasados, según el Reporte Dinámico de Feminicidios Colombia, publicado este domingo por la Procuraduría (Ministerio Público).
El organismo detalló en un comunicado que en el 37,5 % de los casos quien cometió el crimen era conocido de la víctima, mientras que el 51 % de los delitos fueron perpetrados con armas de fuego.
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Por ello "reiteró su preocupación frente al aumento de casos de violencia contra la mujer y ocurrencia de feminicidios" que evidencia que "la escalada de violencia y la vulneración de DD.HH. no solo se presenta en situaciones de orden público e inseguridad ciudadana en los territorios, sino que ha escalado y permeado de manera preocupante en las cifras de violencia" de género.
Igualmente, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y recogidas por el Ministerio Público, en los primeros cinco meses del año fueron registrados 19.606 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres.
También se practicaron 8.511 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Por esa razón, la Procuraduría constituyó 238 agencias especiales, 114 alertas de priorización y 4.142 alertas que se derivan de los casos de mujeres que son valoradas por Medicina Legal a ese organismo.
Este mecanismo, agregó a la información, "permite generar una alerta al procurador o agente de la personería competente para que intervenga en el caso de forma prioritaria.
Caso Érika Aponte: Uno de los tantos feminicidios en el país
El caso de feminicidio a Érika Aponte continúa siendo materia de investigación, ahora la Procuraduría General de la Nación se hace cargo de las indagaciones que dan lugar a la presunta responsabilidad que tendrían los funcionarios de la Casa de Justicia de la localidad de Usme ante una posible omisión en los llamados de denuncia que habría hecho la mujer días antes de su muerte.
“La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar del Distrito de Bogotá D. C., por la presunta omisión a las medidas de seguridad y protección solicitadas por Érika Aponte, ante las amenazas que sufría por parte de su pareja en reiteradas ocasiones”, anunció la Procuraduría en un comunicado.
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Desde el Ministerio Público se estarían buscando respuestas para confirmar si la víctima acudió a la Casa de Justicia de Usme para que se realizarán acciones con el fin de cuidar su integridad física, esto es lo que se encuentra en verificación de los investigadores para establecer si se brindaron las herramientas efectivas por parte de los servidores públicos para atender el llamado de emergencia de Aponte.
