Cuando el país pensaba que este gobierno ya había hecho su Reforma Tributaria para el cuatrienio, al igual que lo han venido haciendo otros gobiernos en las última décadas, hoy el Congreso se encuentra a la espera de debatir una nueva reforma ahora con el nombre de Ley de Financiamiento.
De nada sirvieron las alertas que con insistencia hicimos en el Congreso de la necesidad de una planeación fiscal seria y responsable y hoy una vez más enfrentamos la realidad de un presupuesto desbalanceado, con un déficit inicial de $12 billones, y la posibilidad de que hasta $14 billones adicionales queden sin financiación, situación que nos obliga a hablar de una Ley que debe ser estudiada a las carreras prácticamente para corregir errores que se pudieron evitar.
Lo más preocupante es que esta no es una sorpresa. En 2023 desde el Congreso como representante miembro de la Comisión Tercera, advertí sobre la inviabilidad de los $20 billones desfinanciados en el presupuesto, sin embargo, a pesar de nuestras recomendaciones, el gobierno insistió en unas proyecciones que resultaron irreales, como los $10 billones que supuestamente se recaudarían mediante arbitramiento tributario, algo que nos parecía que el gobierno le estaba apostando a las cuentas alegres, se les dijo, pero hicieron oídos sordos y hoy estamos viendo que teníamos la razón pero no se tuvo en cuenta.
Hoy las consecuencias de esta falta de previsión están claras: un recorte histórico de $33 billones en el presupuesto de este año, que viene afectando los sectores clave y agrava los problemas de caja del país, situación que no solo debilita la confianza en la institucionalidad económica, sino que pone en entredicho la capacidad del gobierno para garantizar una estabilidad fiscal sin sobresaltos.
Así y todo, el gobierno sigue coqueteando a la idea de adelantar la Regla Fiscal, lo que implicaría un aumento del endeudamiento en un contexto en el que el recaudo está un 10% por debajo de las expectativas. Las cifras de crecimiento de 2023 fueron muy bajas, solo 0.6% y es en 2024 que hemos visto las consecuencias de ahogar la economía: más desempleo, menos recaudo, menos inversión y estamos incluso ante un posible riesgo de caer en la peor calificación que puede tener un país, según el último informe de la calificadora FITC Ratings.
Otro tema aún más controvertido es la llamada “regla fiscal verde”. Aunque reconozco los avances del gobierno en temas ambientales y los compromisos logrados en la COP16, permitir excepciones fiscales bajo esta premisa es un riesgo enorme. abrir la opción de tener créditos denominados como “verdes” no es otra cosa que hacer un boquete a la regla fiscal en el que puede entrar cualquier tema desde que se le dé el apellido “verde”. Con esto llevaríamos al país a un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos, además estaríamos adquiriendo deuda con fondos más flexibles, pero generando mayores costos de financiamiento. Las finanzas públicas requieren responsabilidad, no etiquetas que permitan justificar gastos sin un sustento sólido.
Por otro lado, decisiones como eliminar los incentivos a los vehículos híbridos son desconcertantes. Aunque la transición hacia una movilidad eléctrica es necesaria, la infraestructura del país aún no está preparada para soportar un cambio total. Reducir incentivos a los híbridos en lugar de ajustarlos es un error que frena la transición energética y no considera las limitaciones de nuestra matriz energética, especialmente en regiones vulnerables como la Costa Caribe.
Las decisiones que se encuentran en la Ley de Financiamiento tienen una mirada de corto plazo. El gobierno necesita entender que se pueden modificar las cosas sin erradicarlas, por ejemplo, eliminar el régimen SIMPLE sería un golpe directo a la formalización de pequeñas empresas. Lo que hay que hacer con este régimen es mejorarlo, pero acabarlo aumentaría las cargas administrativas y desincentivaría la formalidad.
Finalmente, las propuestas relacionadas con el impuesto al carbono y las tarifas de energía son especialmente preocupantes. Incrementar estos impuestos podría encarecer productos esenciales y, en regiones como la Costa Caribe, donde la generación térmica es vital, esto afectaría directamente a los hogares más vulnerables, que hoy tienen que dejar de llevar la alimentación a la boca o pagar los servicios.
Las decisiones de política fiscal deben ser cuidadosamente analizadas y discutidas. Este no es el momento para medidas improvisadas que solo generen más incertidumbre. En lugar de insistir en una Ley de Financiamiento, considero que es necesario un enfoque más estructural y de largo plazo.
Es momento de escuchar. Las malas decisiones fiscales pueden tener efectos irreparables en la confianza, la inversión y el crecimiento del país.
