María Isabel Urrutia, exministra del Deporte y atleta olímpica, vuelve a estar en el centro de un escándalo, esta vez por presuntas irregularidades en un contrato de casi 5.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos contra Urrutia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos públicos, en un caso que involucra la contratación de un sistema para controlar el acceso a los estadios de fútbol.
La Investigación: Un contrato problemático
Según las autoridades, la exministra habría direccionado un contrato por $4.950 millones, destinado a implementar un sistema de validación nacional para identificar y controlar el acceso de los hinchas a los estadios de fútbol, con el objetivo de verificar antecedentes de violencia y hacer efectivas las restricciones de admisión. El proceso se regía por el Decreto 1622 de agosto de 2022, que exigía que la contratación fuera abierta y garantizara la participación de múltiples oferentes. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Urrutia adjudicó el contrato directamente a una empresa sin seguir estos procedimientos legales, lo que violó las normas de contratación.
Además, el ente investigador ha señalado que la exministra intentó, en dos ocasiones, entregar el proyecto a intermediarios, condicionándolos a subcontratar a una persona que ella ya había seleccionado previamente. A pesar de las advertencias de su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades, Urrutia firmó un convenio interadministrativo el 30 de diciembre de 2022 con funcionarios que no participaron en la estructuración del contrato.
Irregularidades en el proceso
El proceso precontractual también presenta serias deficiencias. La Fiscalía ha informado que no se realizaron estudios de mercado ni se justificó la contratación directa, lo que generó aún más dudas sobre la legalidad del contrato. Además, el objeto del contrato difería de lo establecido en el decreto: en lugar de implementar el sistema de validación, el contrato se limitaba a analizar la viabilidad de dicho sistema.
El caso incluye, además, la supuesta alteración de documentos para justificar la contratación, lo que configura el delito de falsedad ideológica. Este tipo de prácticas contravienen las normativas legales que buscan garantizar la transparencia y la eficiencia en la contratación pública.
Este escándalo se suma a otro problema legal que enfrenta Urrutia. En noviembre de 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exministra por presuntas irregularidades en la firma de 95 contratos de prestación de servicios. La Procuraduría aseguró que estos contratos fueron utilizados para mantener a varias personas trabajando en el Ministerio de Deportes hasta el 31 de diciembre de 2023, poco después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara su renuncia.
De acuerdo con las acusaciones, Urrutia firmó una serie de contratos en tiempo récord tras ser informada de su salida del cargo, lo que, según la Procuraduría, demuestra un intento de garantizar la continuidad de ciertas personas en el Ministerio, sin seguir los procedimientos establecidos.
Reacciones de Urrutia
En medio de la controversia, Urrutia ha negado las acusaciones a través de sus redes sociales. En un intento por aclarar su postura, la exministra publicó un mensaje en Twitter en el que aseguraba que su cuenta había sido hackeada, en referencia a unos trinos que habían sido publicados en su nombre sobre los Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha puesto en evidencia la creciente presión que enfrenta en torno a las investigaciones en su contra.
En este contexto, el exsenador Armando Benedetti también acusó a Urrutia de ser responsable de “hundir los Juegos Panamericanos”, en referencia a las dificultades organizativas que enfrentó Colombia para llevar a cabo el evento deportivo.
El caso sigue en curso y, según la Fiscalía, continuará con las investigaciones para esclarecer las responsabilidades de Urrutia en este entramado de presuntas irregularidades.
Los cargos que enfrenta por falsedad ideológica y contrato sin cumplimiento de requisitos legales son graves y podrían implicar consecuencias significativas para la exministra. Además, la investigación también se centra en las posibles implicaciones de estos hechos para la transparencia en la contratación pública y el manejo de los recursos destinados a eventos deportivos.
Este proceso judicial resalta la importancia de garantizar la legalidad y la transparencia en la contratación pública, especialmente en un sector tan relevante como el del deporte, que involucra grandes sumas de dinero y tiene un impacto directo en la ciudadanía.
