Los grupos criminales en Colombia están jugando una partida maestra. Mientras el gobierno de Gustavo Petro avanza en su política de “paz total”, estructuras como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN están moviendo sus fichas con precisión quirúrgica. La última jugada en este tablero: la idea de un referendo para la paz que, lejos de ser un mecanismo democrático genuino, busca legalizar fortunas ilícitas, lavar historiales criminales y garantizarles poder político a los capos del crimen organizado.
El disfraz de la paz
La narrativa es sencilla, pero efectiva: los grupos armados no se presentan como narcotraficantes, sino como actores políticos con “derecho” a participar en la construcción del país. En la práctica, lo que buscan es un acuerdo a su medida, donde sus negocios sigan intactos y, de paso, consigan representación institucional.
Fuentes del alto gobierno han confirmado que varias estructuras ilegales han presionado por incluir un mecanismo de consulta popular para que la ciudadanía “valide” su participación en un eventual proceso de paz. Detrás de este discurso, la realidad es más oscura: el objetivo final no es desmovilizarse, sino negociar beneficios a cambio de promesas ambiguas.
Los antecedentes: cuando la tregua es un arma
No sería la primera vez que los grupos criminales usan la paz como coartada. Un informe reciente del Comando de las Fuerzas Militares reveló que, en el marco de los diálogos con el gobierno, estructuras ilegales han aprovechado los ceses al fuego para expandir su control territorial y fortalecer sus economías ilícitas.
Un caso emblemático es el del Catatumbo, donde los enfrentamientos entre facciones armadas han dejado más de 80 muertos y 11,000 desplazados solo en los últimos meses. Mientras el gobierno intentaba mantener el cese al fuego, los grupos en la zona han usado la tregua como un paraguas para rearmarse y consolidar su poder.
¿Un referendo a la medida del crimen?
La idea de un referendo no es nueva, pero lo que resulta preocupante es su ejecución. Si se permite que los grupos ilegales definan los términos de su participación política sin garantías reales de justicia, el país podría estar legitimando la presencia de estructuras criminales dentro de las instituciones.
Lo más alarmante es que esta estrategia no parte de la nada. Durante el proceso de paz con las FARC, la insurgencia logró incluir mecanismos de participación política que, en retrospectiva, sirvieron para consolidar su influencia. La diferencia ahora es que estamos hablando de organizaciones que no solo tienen control territorial, sino que manejan economías criminales multimillonarias.
¿A dónde nos lleva esto?
El gobierno enfrenta un dilema crítico. Dejar que los grupos armados impongan las reglas del juego puede abrir la puerta a una institucionalización del crimen organizado. Por otro lado, cerrar la posibilidad de un acuerdo sin ofrecer alternativas viables puede prolongar la guerra y fortalecer la economía ilegal.
En medio de esta encrucijada, la clave está en los términos. Un verdadero proceso de paz no puede basarse en la impunidad ni en la integración forzada de actores armados al sistema democrático sin filtros ni responsabilidades claras. Si la historia reciente de Colombia nos ha enseñado algo, es que los errores en la negociación con estructuras criminales se pagan con más violencia, más corrupción y más impunidad.
El “narco-referendo” es un concepto seductor para quienes buscan atajos hacia la legitimidad, pero para el país podría convertirse en una trampa de la que no haya retorno.
