Hace pocas horas fue aprobada en primer debate la sonada ‘reforma política anticorrupción’, propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro. Misma que además de proponer el voto obligatorio en Colombia, busca eliminar las listas abiertas para las elecciones, dar vida al transfuguismo y que el Estado sea quien financie las campañas políticas.
En esa línea uno de los artículos que más ha llamado la atención de los colombianos es la que señala que a partir de 2026, de manera pedagógica, se instaure el voto obligatorio en el país para combatir el abstencionismo que ha sido evidente durante las últimas elecciones, tanto legislativas como presidenciales.
Sin embargo, algunas voces también han expresado su preocupación respecto a los riesgos que podría tener la implementación del voto obligatorio. La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, compartió su rechazo a la medida y aseguró que la misma puede prestarse para que aumente la corrupción, que ante el aumento de oferta de electores, “abarata el voto a quienes lo compran”.
“Votaré no al voto obligatorio. Un número incierto se abstiene como posición política, otro enorme e incierto no se siente convocado ni incluido en nuestro sistema político. Su exclusión social y estructural no se supera obligándole a votar. ¿Tiro por la culata? Miren a Chile”, expresó la congresista por medio de su cuenta en Twitter.
Por su parte, el senador Julián Gallo, del Partido Comunes, expresó su apoyo a la iniciativa para dar vida al voto obligatorio por dos periodos, asegurando que será un incentivo para la formación política de los colombianos.
“Cumple una función importante en el sentido de salirle al paso a la compraventa de votos que es uno de los factores que genera mayor corrupción y disrupción de la voluntad popular hoy en días. Y cumple una labor pedagógica en la medida en que obliga a la persona a que tenga que, de una u otra manera, involucrarse en la toma de decisiones que tienen que ver con su propia vida”, planteó el legislador.
La reforma política anticorrupción deberá enfrentar otros debates ante la plenaria de la Cámara y Senado para lograr ser aprobada como Ley de la República y tendría vigencia a partir del año 2026.
