Piedad Córdoba, abogada y senadora electa por la lista cerrada del Pacto Histórico, anunció una serie de iniciativas que propondrá en el Congreso de la República, con él inicio del periodo legislativo.
La senadora, quien ha atravesado diferentes escándalos en los últimos meses, ha evidenciado una robustez en sus decisiones, las cuales le han permitido seguir dentro de la corporación a pesar de las múltiples iniciativas para hacerla a un lado.
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Dentro del documento difundido a través de sus redes sociales, Córdoba, sostuvo que encaminará su trabajo en el Congreso hacia el restablecimiento de los derechos de las comunidades afrodescendientes, que han sido vulneradas por el Estado colombiano a lo largo de su historia.
“Indemnización y reparación histórica del pueblo negro, producto de la esclavización antigua y moderna, el racismo estructural y la guerra adelantada en sus territorios, debe traducirse en otorgarle al pueblo afrocolombiano un verdadero poder económico, político, social y cultural desde la autonomía y por el derecho a la autodeterminación”, afirmó la senadora.
Adicionalmente, la abogada solicitó a Gustavo Petro decretar el estado de Emergencia Económica con el ánimo de tener mayor manejo de la crisis que afronta el país, y con ello aplicar un plan estructural que disminuya los índices de pobreza en el país.
“Los derechos étnicos y el bienestar social deben tener como prioridad lo económico y para ello propongo al gobierno nacional la declaración de la Emergencia Económica para un Plan Social de choque contra la pobreza”.
No obstante, cabe aclarar que el Estado de Emergencia económica, social y ecológica, como lo denomina la Constitución Política de 1991, es uno de los tres tipos de estados de excepción que contempla el sistema jurídico colombiano, los otros dos son el estado de conmoción interior y el estado de guerra exterior. Aunque todos están pensados para situaciones excepcionales, la declaratoria de uno u otro requiere la presencia de condiciones fácticas diferentes.
En el caso del Estado de Emergencia, la Constitución establece que el presidente de la república, con la firma de todos los ministros, puede declararlo cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen, perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Este fue el estado de excepción que se declaró el 17 de marzo, a través del decreto 417 de 2020, pues se consideró que la crisis generada por el COVID-19 implicaba una grave calamidad pública en el país.
Por otro lado, Córdoba afirmó que: “existe la urgencia de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz en nuestros territorios negros, como política base para la defensa y protección de estos y de la vida, la consolidación de políticas, planes y proyectos orientados hacia la construcción de un país desde las organizaciones sociales”.
Por último, Piedad Córdoba aseguró que se debe hacer realidad una política que retome los principios de la declaración de la ONU sobre el Decenio de los Afrodescendientes, los cuales evocan el reconocimiento, la justicia y el desarrollo de todas las regiones y ciudades, contra las formas de racismo social, institucional, mediático e histórico.
