El 18 de noviembre de 2024, se abrió un nuevo episodio judicial entre el presidente Gustavo Petro y la familia Vargas Lleras.
Esta vez, Enrique Vargas Lleras, exministro de Vivienda y exvicepresidente de la República, presentó una tutela ante el Consejo de Estado contra el mandatario, a raíz de unas declaraciones vertidas por Petro en su cuenta de X (anteriormente Twitter), en las que acusaba a los Vargas Lleras de tener una presunta influencia en los sorteos de árbitros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El origen de la polémica se remonta al 8 de octubre de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que se refería a los Vargas Lleras de manera directa. Según Petro, “Miles de millones de pesos se gana un Vargas Lleras por un sorteo que hace el otro Vargas Lleras en la corte arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, que no solo consolida la privatización de la justicia, sino que es palanca fuerte para la politización de la justicia pública”.
El presidente insinuó que existían irregularidades en los procedimientos de arbitraje dentro de esta institución, vinculando a la familia Vargas Lleras con lo que él consideró un “sistema corrupto” en el que influirían sobre los sorteos para favorecer intereses particulares.
En particular, Petro apuntó a Enrique Vargas Lleras y a su hermano, Germán Vargas Lleras, quien, según el presidente, habría sido beneficiado con su nombramiento como árbitro en varios tribunales arbitrales donde el Estado era parte, generando presuntas ganancias millonarias.
Enrique Vargas Lleras no tardó en responder a las acusaciones y, mediante una acción de tutela, solicitó que se protegiera su derecho al buen nombre y la honra, considerando que las afirmaciones de Petro eran “difamatorias” y carecían de fundamento tanto fáctico como jurídico.
El exministro argumentó que las acusaciones del presidente no solo eran infundadas, sino que también afectaban su reputación y su integridad profesional.
“La afirmación que me señala de haber influenciado los sorteos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de beneficiar a mi hermano Germán Vargas Lleras, carece completamente de fundamento. Se trata de un ataque sin pruebas ni sustento que vulnera mis derechos fundamentales”, señaló Vargas Lleras en su demanda.
En su tutela, Enrique Vargas Lleras solicitó que el presidente Petro se retractara públicamente de sus declaraciones, a través de los mismos medios y de la misma manera en que fueron difundidas originalmente. Además, pidió que se protegieran sus derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, exigiendo una corrección pública de las declaraciones que, según él, eran difamatorias.
Este nuevo enfrentamiento judicial entre la familia Vargas Lleras y el presidente Petro no es un hecho aislado. Hace poco más de tres meses, Enrique Vargas Lleras presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado también en defensa de su honra, luego de que Petro lo acusara, junto con otros actores políticos, de estar involucrado en el desfalco de las EPS (Entidades Promotoras de Salud). La postura del exministro frente a estos ataques mediáticos ha sido clara: considera que el presidente ha recurrido en múltiples ocasiones a declaraciones sin sustento para desacreditarlo públicamente.
