El Senado de la República tendrá en su primera semana de trabajo tres temas importantes que tratar: Instalar sus comisiones, dar viabilidad a la ley que habilita las curules de paz dentro de las comisiones y votar la ley del tratado de Escazú que definirá si el país ratifica dicho acuerdo.
Este último tema, que hace referencia al acuerdo que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en este mismo campo, ha sido objeto de discusiones y debates por la negativa que el gobierno saliente de Iván Duque le ha dado.
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En razón de ello, el senador Iván Cepeda, uno de los principales promotores de este acuerdo, se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que iniciará un nuevo proceso de formulación y debate para que se logre ratificar este Acuerdo en el país.
“Hoy presentaré en la plenaria del Senado la ponencia para ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento fundamental para la protección del medio ambiente”, afirmó Cepeda a través de su cuenta en Twitter.
Y añadió frente a la vigencia de la resolución que: “estoy seguro de que mañana avanzaremos en ese proceso de aprobación y pronto Colombia tendrá este valioso instrumento para proteger al medio ambiente, y a quienes se dedican en los territorios a proteger la naturaleza y el agua. Y también para que haya una justicia ideal”.
Adicionalmente, el también senador por el Pacto Histórico, Wilson Arias, celebró la inclusión de este tema dentro de la agenda legislativa del nuevo Congreso de la República, y evidenció la confianza que tiene de, según él, sin las dilataciones de uribismo, se pueda aprobar luego de numerosos retrasos.
“Hoy está en el orden del día del Senado, el Acuerdo de Escazú. ¡Por fin vamos a poder votarlo luego de las dilaciones del uribismo! De Senado pasará a Cámara y esperamos sea otra de las victorias de este nuevo Congreso alternativo. A defender los derechos ambientales”, afirmó el congresista.
Cabe recordar que este proyecto de ley, impone obligaciones en cuanto a la generación y divulgación de información ambiental, sistemas de información, acceso a la justicia en asuntos ambientales y participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación.
Los Ministerios que tienen injerencia en la ratificación del acuerdo son: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cultura, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Además, El objetivo principal es garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en este mismo campo.
A la fecha, de los 33 países de la región, 24 países firmaron el acuerdo en 2018, pero desde entonces solo 12 lo han ratificado a través de sus Congresos, entre ellos México, Bolivia y Uruguay. No se han suscrito países como Brasil, Perú o Colombia.