El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso contra Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, aseguró este martes que la decisión de la Fiscalía de llamar a juicio al expresidente es "justa".
"Hoy llega al final una decisión que consideramos es justa", dijo Cepeda a periodistas al asegurar también que el expresidente Uribe "tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia".
Un fiscal colombiano presentó hoy una acusación contra Uribe "como presunto determinador de los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal".
Este caso se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, senador del Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir investigación contra el congresista y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
Cepeda agregó hoy que recibe la determinación de la Fiscalía "con mucha tranquilidad, pero también con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión".
Recordó que el caso ha llegado a esta instancia luego de dos intentos de preclusión, cuando no se tuvo en cuenta lo que dijo la Corte Suprema de Justicia ni la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de "todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor (Francisco) Barbosa".
Por su lado, el penalista Jaime Granados, defensor de Uribe, dijo en redes sociales que el equipo jurídico no ha recibido el escrito de acusación de la Fiscalía.
"Ante las noticias que circulan en medios sobre la existencia de un comunicado de prensa de la Fiscalía colombiana en relación con el llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe, esta defensa informa que no ha recibido notificación de esta decisión ni traslado de escrito de acusación", aseguró.
La acusación por soborno en actuación penal tiene que ver con el presunto pago de coimas a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente, así como a una mujer identificada como Eurídice Cortés, para que beneficiaran al exmandatario con sus declaraciones.
Mientras que el de fraude procesal involucra todas las irregularidades del caso.
Información de Agencia EFE.
