La campaña del presidente Gustavo Petro sigue bajo la lupa, ya sea por las acciones realizadas por su hijo, Nicolás Petro, o por las diferentes denuncias de financiación ilícita que se han adelantado desde varios sindicatos.
En esta ocasión, desde BluRadio, se denunció una supuesta financiación ilícita a la campaña por medio de diferentes transferencias realizadas por la Unión Sindical de Obreros (USO) de la comunidad petrolera.
Según esta denuncia, el Concejo Nacional Electoral pidió que se le brindara información clara acerca de este dinero y, además, pidió al Banco de Occidente y a Bancolombia que le brindaran información acerca de una transacción de 4 mil millones de pesos hecha a la Sociedad Aérea de Ibagué.
Esta petición hecha por la entidad deberá ser respondida en los próximos diez días, tanto por parte de los bancos, como del medio de comunicación que tendría las pruebas sobre los dineros ingresados a la campaña por parte de la USO.
La suma de dinero que habría sido donada sería de 600 millones de pesos utilizados para seguir la campaña presidencial durante la segunda vuelta, en la que Gustavo Petro se enfrentó contra Rodolfo Hernández.
Además, desde la denuncia realizada por el mismo medio de comunicación, se argumentó que en ningún lado aparece este dinero en las actas dónde se explica de donde provino el dinero que financio la campaña en la segunda vuelta.
Este escándalo se une a la investigación que se está adelantando, también, en la campaña de Gustavo Petro, por la entrada de 500 millones de pesos que el sindicato de educadores, Fecode.
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En un principio, la donación de Fecode estaría destinada a la Colombia Humana y, por esta razón, al principio no fue investigada ni se levantó ninguna inquietud. No obstante, tras una investigación de la revista Semana, se reveló que, al parecer, este dinero sería utilizado para los gastos de la campaña.
“El Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó un aporte económico para colaborar con la Campaña “PETRO PRESIDENTE 2022-2026″, teniendo en cuenta que este egreso no afecta el patrimonio económico de la Federación”, se lee en el documento revelado por Semana.
El problema de estos dineros es que, en la legislación colombiana, corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones tienen prohibido apoyar económicamente las aspiraciones políticas de individuos.
