Este martes 24 de noviembre la Comisión Segunda del Senado discutió y aprobó los ascensos militares militares presentados por el gobierno nacional en primer debate. La oposición denunció que dos de los propuestos tienen investigaciones por la presunta participación en ejecuciones extrajudiciales, conocidos como ‘falsos positivos’.
Antes de iniciar la discusión, el senador Iván Cepeda solicitó la palabra para dejar la constancia de que se retiraba de la sesión, junto a la bancada de la oposición, por las investigaciones que pesan contra los uniformados, aspirantes al ascenso.
“El Ministerio de Defensa insiste en promocionar el ascenso de miembros de la Fuerza Pública que han sido denunciados e investigados por haber presuntamente cometido graves violaciones a los derechos humanos y hechos de corrupción”, señalaron en la constancia los congresistas Iván Cepeda y Antonio Sanguino.
Esto, debido a que dos brigadieres generales del Ejército, propuestos entre los 46 uniformados en lista de ascensos, estarían vinculados con ejecuciones extrajudiciales, mientras que otro tiene denuncias penales por ‘Operación Silencio’, que instigó a los militares que denunciaron la orden de aumentar el número de bajas en las operaciones, y hechos de corrupción.
Según los senadores, además de discutir los ascensos pese a los cuestionamientos judiciales y éticos, la Comisión Segunda tampoco aprobó la participación de representantes de víctima y organizaciones de derechos humanos en la discusión de los ascensos.
“Según la organización internacional Human Rights Watch, los brigadieres generales Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y Edgar Alberto Rodriguez Sánchez podrían tener responsabilidad por la muerte de civiles presentados falsamente como guerrilleros abatidos en combate, es decir en llamados 'falsos positivos'”, aseguró Cepeda.
Evangelista Pinto, según los senadores, es investigado por la Fiscalía General de la Nación, por la presunta participación en 41 ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, cometidos en los batallones de Antioquia y Huila.
Este general fue designado comandante de la Segunda División del Ejército y desde entonces, según denunciaron los senadores, han muerto tres campesinos y un indígena a manos de tropas bajo su mando en Norte de Santander.
Uno de ellos fue el campesino Salvador James Durán, quien fue asesinado por militares de la Fuerza de Tarea Vulcano el pasado 27 de junio en Teorama, Norte de Santander. La comunidad recogió el cuerpo y retuvo a seis militares para entregarlos a las autoridades porque el joven, de 22 años, pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la vereda Filo Guamo y no era un miembro del Eln como lo señaló el Ejército.
En contexto: Ejército investiga si Salvador Durán, muerto en Teorama, pertenecía al ELN
“El brigadier general Marcos Evangelista no sólo no ha tomado las acciones debidas para evitar que estos hechos se repitan, sino que ha promovido la estigmatización de las organizaciones campesinas del Catatumbo. Bajo ninguna consideración merece ser ascendido”, señalaron los senadores.
Así mismo, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “entre octubre de 2006 y abril de 2007, Pinto comandó el batallón Anastasio Girardot (4ta brigada) que según fiscalía sería responsable de 23 presuntas ejecuciones en 2006 y 22 en 2007”.
Vivanco agregó que el brigadier Pinto también comando el batallón Magdalena, de la novena Brigada del Ejército, durante diciembre de 2007 y septiembre de 2009, y durante 2008 se cometieron 18 presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Evangelista Pinto fue propuesto por el presidente Iván Duque mediante el Decreto No. 1391 del 26 de octubre de 2020 para ser ascendido de Brigadier General a Mayor General.
Según la proposición de la senadora Paola Holguín, “el señor brigadier general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, no registra antecedentes por hechos relacionados con violación a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ni sanciones o investigaciones en curso de naturaleza fiscal, administrativa, disciplinaria o penal, según consta en documentos adjuntos a la hoja de vida. Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz certificó que el Oficial no se ha sometido a dicha Jurisdicción”.
Sin embargo, Holguín agregó que el general Pinto “no ha sido señalado ni vinculado formalmente o imputado, está en proceso de indagación”, y que en ninguno de los cuatro casos hay un señalamiento formal que vincula al general Pinto.
El otro militar cuestionado por Cepeda y Sanguino fue el brigadier general Edgar Alberto Rodriguez Sánchez, quien según el director de HRW, fue comandante del batallón Magdalena, de la novena Brigada al igual de Pinto, durante julio de 2006 y diciembre de 2007, que según la Fiscalía habría cometido 7 presuntas ejecuciones en 2006 y 25 en 2007.
“Los patrones en los casos de 'falsos positivos' sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de los mismos sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios. El derecho internacional establece que existe responsabilidad penal, no solo si el servidor público participa en forma directa en crímenes de lesa humanidad, sino cuando no adopta todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o castigar estos actos”, agregaron los senadores.
Frente a los cuestionamientos, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, encargado de presentar a otros seis militares para los ascensos en el Senado, señaló que “el gobierno nacional, el presidente de la República Iván Duque, y el señor ministro de Defensa no presentarían una hoja de vida, el nombre de un alto oficial para el ascenso si no tuviese el cumplimiento de los requisitos y la honorabilidad de una carrera que ellos por largas décadas han realizado”.
La Comisión aprobó los ascensos en el primer debate y estos deberán ir a la plenaria, donde seguramente volverán a referirse a los cuestionamientos que pesan contra los uniformados.
