Como respuesta a la crisis que vive la educación de los niños en Colombia, y con el objetivo de hacer cumplir ese derecho fundamental, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, radicó en el Senado de la República un proyecto de ley con el que pretende que alcaldes y gobernadores puedan contratar con instituciones privadas de educación básica y media cuando haya un déficit de calidad en las instituciones públicas.
La iniciativa surge de la preocupación que ha generado a nivel nacional, los resultados de la Prueba Saber 11 y la última medición de las Pruebas PISA, donde a juicio de Cabal, quedó demostrado que los establecimientos públicos de educación básica y media, no están ofreciendo educación de alta calidad, como lo merecen nuestros niños, niñas y jóvenes; evidenciando además una caída sistemática desde 2015 en la calidad, mientras los colegios privados mejoran cada año.
"La baja calidad de la educación en Colombia rebasó sus límites. Los resultados en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos -PISA-, muestran la necesidad urgente de hacer cambios estructurales en la manera cómo se preparan nuestros niños para afrontar los retos de un mundo competitivo y global (…) Hay que romper el monopolio de FECODE que somete a millones de familias y las deja sin opción", expresó.
La senadora señaló que "la oposición de los profesores afiliados a FECODE a la alternancia, sus paros constantes y sobre todo su resistencia a ser evaluados, sigue perjudicando la calidad de la educación que ofrecen a sus estudiantes, en violación a sus derechos fundamentales".
En ese sentido, el objetivo principal de este proyecto de ley es permitir a los alcaldes y gobernadores, contratar con los establecimientos privados para prestar el servicio educativo cuando exista un déficit de calidad en los colegios oficiales, ya que hoy solo pueden hacerlo cuando existen cupos insuficientes o limitados.
"Queremos ir un paso más allá para que la calidad sea la prioridad del sistema educativo, para que nuestros niños y jóvenes reciban siempre la formación que merecen. Nuestro proyecto de ley pretende cerrar la brecha que hoy existe entre los estudiantes de colegios públicos y privados, ofreciéndole a millones de niños y jóvenes la posibilidad de acceder a educación de calidad y competitiva, a través de colegios en concesión, en administración, o por medio del subsidio a la demanda", concluyó Cabal.
El Informe Nacional Pruebas PISA publicado por el Ministerio de Educación Nacional, en el año 2018, tuvo en cuenta el tipo de establecimiento dentro de su análisis y dejó en evidencia la marcada diferencia que existe entre los establecimientos educativos privados y los oficiales, tanto urbanos como rurales en el desempeño del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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En las tres categorías evaluadas (lectura, matemáticas y ciencias) se presenta una brecha entre los establecimientos privados y los oficiales, la cual se hace más profunda cuando se entra a considerar los oficiales en la zona rural. En lectura la diferencia es de 68 sobre 96 puntos respectivamente; en matemáticas también de 68 sobre 96; y en ciencia de 62 sobre 82 puntos.
El texto de la iniciativa aclara que el valor de la prestación del servicio financiado con recursos del sistema general de participaciones no puede ser superior a la asignación por estudiante, definido por la Nación. Cuando el valor sea superior, el excedente se pagará con recursos propios de la entidad territorial.
El debate en torno a esta propuesta se centra en que los recursos del Estado se destinarían cada vez más para subsidiar educación en instituciones privadas, cuando muchas oficiales se caen a pedazos porque no reciben el suficiente dinero. No obstante, la discusión es amplía, pues diversos sectores apelan a que si los públicos no cumplen a cabalidad con sus funciones, los privados deben entrar a trabajar por los niños.
