En agosto, la discusión de la reforma tributaria va a ser uno de los elementos fundamentales en materia económica. Aunque la primera propuesta fue retirada, al parecer, el 'Proyecto de Inversión Social', presentado el pasado 20 de julio será aprobado sin mayor problema en el Congreso de la Republica.
En el nuevo debate que se avecina será muy importante conocer los cambios que se aprobarán, por ejemplo, hay que determinar si se van a generar nuevos impuestos a las personas naturales o no, para entender, entre otras cosas, cómo la reforma puede ayudar a la consolidación de las cuentas fiscales, situación que permita un rápido retorno de la inversión extranjera al país.
Unido al punto anterior, en agosto los grandes inversionistas van a estar muy pendientes de lo que pase con la reforma tributaria en términos de si genera o no tranquilidad sobre las cuentas fiscales, adicionalmente también puede pasar que algunos inversionistas domésticos piensen en salir de Colombia o vender sus activos. En la medida en que se tenga más certidumbre se va a contar con más estabilidad en la tasa de cambio.
Por el momento, el Gobierno le apunta a recaudar $15,2 billones al año, a través de los 35 artículos que contiene el proyecto. Cualquier cambio en las fuentes de recaudo o en la extensión de programas sociales modificará el recaudo aproximado de la reforma, por lo que se espera un 'tire y afloje' entre las bancadas de oposición y las de Gobierno.
En materia de recaudo hay una serie de impuestos que serán protagonistas en la discusión, al ser los que más dinero pueden generarle al Estado. Entre ellos destaca el impuesto de normalización tributaria complementario al impuesto de renta, pues se propone la creación para el año 2022 de este tributo como un impuesto complementario al impuesto sobre la renta, el cual estará a cargo de los contribuyentes del impuesto de renta o de regímenes sustitutivos de dicho tributo, que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes. Se causa por la posesión de activos omitidos o pasivos inexistentes a 1 de enero del año 2022.
Por otra parte, está el aumento en la tarifa de renta. El Gobierno contempla que a partir del año gravable 2022 la tarifa general para las personas jurídicas sea del 35 %. Según la exposición de motivos del proyecto, la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes, al contrario se indica que la estructura tributaria sería más competitiva que en 2018.
Además, destaca la sobretasa transitoria al sector financiero, la propuesta le apunta a aplicar una sobretasa a las entidades financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120.000 UVT. Esta generaría 392.000 millones de pesos. Será de tres puntos porcentuales e irá hasta 2025. Así, el sector presentaría una tarifa total de 38 %.
El tema de la austeridad del Estado será protagonista de varias discusiones, pues el Gobierno plantea una reducción progresiva de los gastos de viáticos, de viaje, papelería, impresión, publicidad, compra de vehículos y combustibles hasta alcanzar un 50 % de ahorro con respecto al valor ejecutado en 2019, ajustado por inflación.
Además, sugiere la abstención de adquisición o renovación de teléfonos celulares y planes de telefonía móvil, internet y datos para cualquier servidor público, la adopción de medidas efectivas para reducir gastos de arrendamiento en instalaciones físicas, y la reducción progresiva de los contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales con personas y empresas.
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En materia de ayuda social, el Ministerio de Hacienda incluyó cuatro propuestas con las que pretende dar educación gratuita y generar empleos, pero también añadió el apoyo a los sistema de transporte masivo, y este punto no se salva de la controversia.
La propuesta es que durante el año 2021 la Nación en conjunto con las entidades territoriales, pueda establecer esquemas de cofinanciación, para los sistemas integrados de transporte masivo, destinados a cofinanciar los déficits operacionales, originados por las medidas de restricción del nivel de ocupación de la oferta de sus servicios dirigidas a contener la propagación del Covid-19.
El monto máximo a cofinanciar por parte del Gobierno será hasta del 50 % del déficit operacional certificado por cada ente gestor de los sistemas de transporte masivo y verificado por el Ministerio de Transporte. El monto será girado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al ente gestor de cada sistema de transporte masivo, con cargo al Presupuesto General de la Nación.
En discusión que está por comenzar también se debe tener en cuenta que algunos congresistas de la oposición radicaron un proyecto de reforma tributaria como contrapeso a la que presentó el Gobierno Nacional. La iniciativa recibe el nombre de 'Ley de equidad fiscal', y pretende recaudar hasta 14 billones de pesos anuales mediante una sobretasa a los bancos, impuesto a la riqueza y eliminación de beneficios tributarios.
Está basada en impuestos que no recaen directamente sobre la clase media y trabajadora, adicionando controversiales artículos como el impuesto a las bebidas azucaradas, el cual desde hace un tiempo se discute pero que no fue incluido en el proyecto de MinHacienda.
Según explicaron los congresistas, este proyecto de ley busca que la nación recaude entre 11,7 a 14 billones de pesos anuales, sin afectar la clase media porque impone la mayor carga tributaria en el sector empresarial.
