El representante a la Cámara José Edilberto Caicedo Sastoque, del Partido de la U, decidió renunciar a su curul luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara medida de aseguramiento domiciliario en su contra. El tribunal lo investiga por presuntos hechos de corrupción que habría cometido cuando fue alcalde de Zipaquirá entre 2004 y 2007.
La investigación que adelanta la Corte es por delitos de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, es decir, sin cumplir con las normas de ley, y peculado por apropiación. Al parecer, las irregularidades se habrían presentado en medio de la celebración de un convenio interadministrativo con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá.
El contrato por el que se le investiga es por más de $660 millones, se celebró en junio de 2007 y tenía como objetivo la construcción de dos tanques de acueducto, uno en la urbanización Villa Marina y otro en la Zona Alta de Zipaquirá. No obstante, dicho convenio no se cumplió a cabalidad debido a que solo fue construida la primera obra.
Además, al momento de suscribir el contrato el municipio no tenía a su disposición los estudios técnicos de suelos, los cuales resultaban necesarios para determinar las cantidades de material y el presupuesto que demandaría la implementación del mismo.
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"La Corte indaga si el hoy congresista pudo incurrir en peculado por apropiación como ordenador del gasto frente a sus deberes de control, vigilancia y correcta aplicación de los recursos públicos. Esto teniendo en cuenta que la administración municipal a su cargo habría pagado efectivamente obras públicas que no fueron finalmente construidas, sin que Caicedo Sastoque tomara medidas para que tal afectación del patrimonio público se concretara", señaló el alto tribunal.
No obstante, no son estas las únicas acusaciones que recaen sobre Caicedo. Además de las irregularidades mencionadas, se conoció que el entonces alcalde suscribió tres adiciones presupuestales por casi 170 millones de pesos, elevando el costo del contrato de 660 a 830 millones de pesos, sin dar razón alguna del porqué de estas adiciones.
La medida de aseguramiento ordenada por la Corte también se habría basado en que las interceptaciones telefónicas ordenadas habrían indicado que Caicedo, presuntamente, incidió en las investigaciones. Al parecer, se reunió con contratistas para evitar que entregarán su confesión.
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¿Una nueva 'jugadita'?
Renunciar al Congreso de la República cuando la Corte adelanta procesos penales se ha vuelto costumbre. Anteriormente el exsenador Álvaro Uribe y el exrepresentante Álvaro Hernán Prada abandonaron sus curules, a juicio de muchos, para que sus investigaciones las realice la Fiscalía General de la Nación y no la Corte.
En pocas palabras, los congresistas están escogiendo su juez, lo cual ha causado molestia en sectores de la oposición porque estaría acabando con la confianza de los colombianos hacia las instituciones. Según expertos, la jurisprudencia de la Corte terminó auspiciando ese juego en el que cada aforado escoge quien lo juzgue.
Así las cosas, le corresponderá ahora a la Corte Suprema de Justicia decidir si mantiene la competencia en este proceso o no, analizando si el delito por el cual se le investiga tiene relación con su función como congresista.
