Este jueves 11 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro en medio de su visita a la ONU ha propuesto la implementación de un “fast track” para agilizar la tramitación de leyes relacionadas con el Acuerdo de Paz, algo que ha generado amplio debate y controversia.
Esta iniciativa, anunciada durante una intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, busca modificar normas y procedimientos legislativos para facilitar la implementación efectiva de los compromisos pactados.
¿Qué es el “fast track” que propone Petro?
El “fast track” es un instrumento legislativo especial que permite al Gobierno colombiano tramitar de manera expedita proyectos de ley, leyes estatutarias y actos legislativos. Su objetivo principal es reducir los tiempos y procedimientos habituales en el Congreso para la aprobación de normativas específicas, en este caso, las relacionadas con el Acuerdo de Paz.
Según explicaciones de expertos constitucionales como Jaime Arrubla, la implementación del “fast track” requiere de una reforma constitucional.
Esto implica que el Congreso debe aprobar un acto legislativo que modifique el proceso legislativo establecido en la Constitución y en las leyes que la regulan. A diferencia de la situación anterior con los Acuerdos de Paz con las FARC, donde se incluyó una disposición transitoria en 2016, ahora no existe una base legal directa para aplicar un “fast track”.
Por lo tanto, la propuesta actual tendría que justificarse y debatirse extensamente en el Congreso.
El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry ha expresado reservas significativas respecto a la viabilidad y la necesidad actual de implementar un “fast track”. Destaca que, para justificar este procedimiento excepcional, es fundamental conocer en detalle el contenido del Acuerdo Nacional propuesto, así como su urgencia y aceptación pública. Hasta el momento, las primeras reacciones han sido en su mayoría negativas, argumentando que simplificar el proceso legislativo de algo desconocido podría carecer de fundamento y legitimidad.
Antecedentes del “fast track” en Colombia
El antecedente más relevante del uso del “fast track” en Colombia se remonta al Gobierno de Juan Manuel Santos, quien lo empleó para agilizar la implementación legislativa de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Este mecanismo fue aprobado mediante el acto legislativo 01 de 2016, el cual introdujo disposiciones transitorias que facilitaron la rápida adopción de las normas necesarias para la paz.
Durante ese periodo, el “fast track” permitió que los proyectos de ley relacionados con los Acuerdos de Paz fueran tramitados de manera más eficiente, reduciendo el número de debates necesarios y agilizando los procedimientos en las comisiones legislativas.
De este modo, la propuesta de Gustavo Petro de implementar un “fast track” para el Acuerdo de Paz enfrenta desafíos significativos en términos de su legitimidad constitucional y su aceptación política.
Aunque existe un precedente del uso exitoso de este mecanismo en el pasado reciente, su aplicación en el contexto actual requiere un debate cuidadoso y una justificación clara sobre la urgencia y la pertinencia de acelerar el proceso legislativo.
El camino hacia la adopción de este instrumento será crucial para determinar cómo Colombia aborda los compromisos pendientes derivados de su proceso de paz.
