El gobierno de Gustavo Petro cumple 100 días desde su posesión el pasado 7 de agosto y está claro que uno de los ejes principales de su gestión tiene que ver con los avances de su proyecto de paz total. Nada más terminando la semana pasada, desde París, el presidente anunció que “el proceso de paz empieza ya”, refiriéndose a los preparativos de las conversaciones con la guerrilla del ELN.
“El ELN ya tiene su lista de negociadores, yo la conozco. Nosotros tenemos que hacer el otro esfuerzo que es definir en dónde estará la mesa de negociación”, aseguró el mandatario colombiano desde Francia.
De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, las negociaciones con el grupo insurgente aplicarán los mismos protocolos empleados en los diálogos con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En entrevista con Kienyke.com, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, clave en las apuestas de paz del Gobierno, aseguró que la idea es rescatar tanto las herramientas de negociación como la agenda que se llegó a acordar en anteriores acercamientos de paz.
“Se llegó a una agenda que plantea puntos concretos para lograr resolver el conflicto armado con el ELN. Esa agenda, tanto el gobierno como el ELN coinciden en que debe seguir siendo el punto de referencia del diálogo de paz y por lo tanto los trabajos que van a reiniciarse pronto van a girar en torno a esta”, señaló.
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Aunque han sonado algunas opciones de locación desde que se anunció su regreso, aún no se sabe dónde se restablecerán oficialmente los diálogos interrumpidos tras el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en 2019. Sin embargo, también en octubre Antonio García, comandante del ELN, señaló desde Venezuela que se mantendría el compromiso de que las negociaciones se desarrollen en “sedes rotativas”.
Un proceso que cuenta con el respaldo no solo del gobierno de Caracas, sino también de Noruega y Cuba, quienes actúan como garantes, y en el caso del último, incluso sirvió como resguardo de los negociadores del ELN cuando el proceso falló.
La paz total como política de estado
En el plano jurídico el proceso con el ELN está respaldado por la “paz total”, una de las grandes victorias legislativas de Gustavo Petro en estos 100 días, que de hecho abre las puertas para que el gobierno pueda establecer diálogos con diferentes grupos armados en busca de una verdadera pacificación del conflicto. Una de las promesas de campaña que más rápido se han visto materializadas.
En su plan de Gobierno, Petro hablaba de la paz como un “contrato social para garantizar los derechos fundamentales” y para ello se planteaba alcanzar una “paz completa” garantizando a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC, reanudando las conversaciones con el ELN e implementando “un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo”. Ahora, todo ello ha sido bautizado como “paz total”.
En esta ley, que se vio aprobada con 128 votos por el sí frente a 7 por el no en su última votación, no solo se le da la facultad al gobierno para continuar diálogos con el ELN y otros grupos armados de carácter político, sino también empezarlos con organizaciones armadas dedicadas al delito de alto impacto para garantizar su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
De acuerdo con Iván Cepeda, se trata de una política con “dimensiones y alcances que no había tenido ninguna política de paz en Colombia”, sumando el hecho de que una gran parte ya está avanzada a tan solo 100 días de gobierno: “Ya hay una ley, unos procesos que están en curso y unas acciones de reforma integral muy claras”, precisa.
En ese marco, entran por ejemplo proyectos clave que desde ya preparan motores en el Congreso y que el senador Cepeda confía saldrán adelante gracias a la coalición de gobierno, tales como la reforma política o reforma rural. Esta última, por ejemplo, significaría un avance en materia de acceso a la tierra y restitución de la misma, así como un espaldarazo a lo firmado con la guerrilla de las Farc en 2016.
Desmantelar la criminalidad
El tema de los grupos armados dedicados al crimen de alto impacto es una situación preocupante y también uno de los principales obstáculos para la paz propuesta por el gobierno, teniendo en cuenta que corresponde a toda violencia por fuera de un marco de enfrentamiento armado con base política.
Esa violencia y criminalidad, deja a cuenta de los primeros tres meses del gobierno de Gustavo Petro la cifra de 35 líderes sociales asesinados, que a pesar de ser inferior a la de gobiernos anteriores en sus primeros 100 días, sigue siendo alarmante con respecto a lo que significa ejercer liderazgo social en Colombia. Algo sobre lo que, por ejemplo, se tuvo un avance considerable con la ratificación del Acuerdo de Escazú, que insta al Estado a proteger a sus líderes ambientales.
Sin embargo, el país se debate entre cifras bien particulares, ya que mientras el gobierno anunció el punto final para la erradicación de cultivos ilícitios con glifosato y los bombardeos en sitios donde se sabe que hay menores, los cultivos de coca han llegado a la histórica cifra de 204 mil hectáreas en 2021 y la criminalidad ha crecido como espuma en muchas zonas del país.
Humberto de la Calle, negociador clave del gobierno Santos en los acuerdos de paz con las FARC, entregó unas declaraciones con respecto a este tema específico, señalando que aunque reconoce la “legitimidad al gobierno para buscar políticas de paz a través de la innovación”, la ley de sometimiento y su consecuente aplicación es probablemente uno de los retos más grandes que se vienen en materia de paz.
“Han aparecido estas bandas criminales, hay unas modalidades nuevas. Por eso hay que estar atentos, el gobierno va a tener una tarea monumental al frente, casi que sobrehumana, porque si la sola negociación con un grupo como el ELN es tan absorbente, pues estas negociaciones simultáneas van a significar un enorme esfuerzo para el gobierno. Ojalá le vaya bien”, señaló.
En este caso de los grupos de crimen de alto impacto, tanto De La Calle como Iván Cepeda coinciden en que será la justicia ordinaria y no una justicia transicional la que sirva para el acogimiento de estos grupos. Eso mismo se deja claro en el texto de la paz total.
“Ahí no hay un acuerdo de participación política ni temas que tengan que ver con reformas de la sociedad colombiana (...) Obviamente el Estado también ofrecerá condiciones para que hagan ese tránsito a la vida legal e igualmente hará presencia en los territorios que abandonen estos grupos”, asegura Cepeda a Kienyke.com.
Blindar los acuerdos de paz con las Farc
El senador del Pacto Histórico señala que los acuerdos de paz con las Farc son “la base” de la ley de paz total y por esa razón muchos de sus puntos están orientados a garantizar algunos compromisos adquiridos en dicho acuerdo, sobre todo desde un enfoque de erradicar los problemas sociales y económicos que dieron origen a los distintos conflictos del país.
Por ello, se incluyen varios respaldos a lo firmado, proponiendo para tal fin fijar políticas, programas y proyectos para los cuales también se dejan estipuladas garantías presupuestales desde el Gobierno Nacional. Incluyendo, por ejemplo, el capítulo “proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” dentro del Plan Nacional de Desarrollo y garantizando el pleno funcionamiento de los mecanismos de implementación y verificación contemplados en el Acuerdo.
Además, Cepeda pide recordar que en este momento hay más esfuerzos orientados hacia esa labor, especialmente en el tema de tierras, poniendo en regla lo que tiene que ver con los bienes de la Sociedad de Activos Especiales; sacando adelante la Justicia Nacional Agraria, que agilizará el litigio agrario; pero también en lo relativo a la reforma política, la lucha por la verdad (con el informe de la Comisión de la verdad) o la reparación a las víctimas a través de la labor de la JEP, entre otros.
A eso habría que sumar la creación de las llamadas regiones de paz en la ley de “paz total”, que permitirá priorizar en toda esta política de Estado a las zonas más golpeadas por el conflicto armado; así como la no menos importante noticia de la creación del servicio social para la paz, que dará 11 alternativas para los jóvenes que no deseen prestar el servicio militar obligatorio.
Al final, el senador Cepeda lo describe como un volcamiento tanto del gobierno, así como del Alto Comisionado para la paz, Danilo Rueda, a activar todas las instituciones y los mecanismos necesarios para darle luz verde a la implementación y verificación del 'Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera'. Una apuesta total por la paz total que seguramente ningún colombiano, por distinta que sea su posición, desea que falle.
