La Corte Constitucional colombiana adelanta el estudio sobre la demanda interpuesta contra la modificación a la Ley de Garantías, la cual fue aprobada mediante el Proyecto de Ley Nº 158 que regula el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
La modificación que fue propuesta el pasado 19 de octubre de 2021, contempla la suspensión parcial del artículo 38 de la Ley de Garantías, que señala la prohibición de celebrar convenios o contratos interadministrativos en el periodo de elecciones a la presidencia de la república.
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En este sentido, la Corte como institución encargada de velar por la integridad de la democracia y la Constitución, debe recibir y evaluar conceptos de diferentes organizaciones nacionales, para así tomar una decisión adecuada.
En este caso, el turno fue para la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente), quien señaló que dicha modificación permite agilizar trámites y contratos fundamentales para el desarrollo del país.
“Habilitó a los entes territoriales para suscribir convenios interadministrativos con la 'Nación', para la ejecución de proyectos asociados a la Ley de Presupuesto del año 2022, solo pudieron ser celebrados, de manera directa, hasta el 29 de enero de 2022, fecha a partir de la cual empezó a regir la restricción de la Ley de Garantías" sostuvo la entidad.
Aunado a ello, Colombia Compra Eficiente manifestó a la Corte Constitucional que “una vez inició el periodo preelectoral para la elección de Presidente y Vicepresidente comenzaron a ser aplicadas ambas restricciones (…) dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones de presidente y vicepresidente de la república no se podrán celebrar convenios y contratos interadministrativos a través de contratación directa, y sólo podrán ser suscritos a través de mecanismos de selección que impliquen convocatoria pública”.
Lo anterior, señala la agencia, ocasiona graves retrasos en proyectos sociales, políticos y económicos que el país necesita con urgencia tanto en lugares remotos como en centros urbanos.
No obstante, esta decisión no fue bien recibida por el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo quien había señalado que la aprobación de esta modificación amplía los riesgos electorales para los comicios del 29 de mayo, debido a que esto puede presentar un “cartel de la contratación” en favor de algunos sectores políticos.
“La responsabilidad de que no existan garantías por cuenta de la modificación de la ley de garantías es del Gobierno que impulsó esa modificación y de las mayorías del Congreso que adoptaron esa modificación, en esas condiciones creemos que no hay garantías”, anunció el exministro del Interior, Guillermo Rivera en representación de la campaña de Fajardo.
Asimismo, el senador electo Feliciano Valencia rechazó la dicha modificación ante el riesgo de que esta decisión favorezca “la compra de votos a las maquinarias, hoy la @CConstitucional declara "urgencia nacional" para examinar esos micos”.
