El expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió su silencio y se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional de negar la tutela con la que buscaba tumbar la condición de imputado en el proceso que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos.
Es de señalar que, la Sala Plena de la Corte Constitucional negó por una votación de 5 a 4 dicha tutela con la que la defensa del también exsenador por el Centro Democrático solicitaba no equiparar la indagatoria con la imputación de cargos en el proceso que se lleva en su contra.
Al perder esta batalla jurídica, las cosas en su caso siguen tal cual están. Su proceso seguirá en un despacho de Bogotá, que debe decidir si avala o no la solicitud de prescripción de la Fiscalía General de la Nación. La determinación que se tome podría ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
Pese a que la decisión de la Corte ha sido uno de los temas más discutidos en Colombia, el exmandatario no había emitido comentarios sobre la mencionada decisión desde el pasado miércoles. Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, decidió pronunciarse, señalando que busca fuerza espiritual para defenderse de las acusaciones que recaen sobre su nombre.
"En diálogo con mi ser busco más fuerza espiritual para defender mi reputación, seguridad jurídica, y luchar contra las amenazas tibias y radicales a la democracia", trinó el líder del Centro Democrático.
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Es clave mencionar que, los efectos de la decisión de la Corte conllevan a que la Fiscalía debe continuar con la petición de preclusión del proceso y/o adelantar una petición de acusación ante un juez de la República contra el expresidente.
Al tomar la determinación, el alto tribunal consideró que las pruebas adelantadas por la Corte Suprema de Justicia cuando la investigación estaba en su cancha poseen validez, lo que traduce que se deben mantener y tener en cuenta el proceso penal.
El debate al respectó se avivó luego de que Uribe renunciara a su curul en el Congreso, perdiendo así su fuero constitucional para que la investigación en su contra la asumiera la Fiscalía y no la Corte Suprema.
Como se mencionó anteriormente, el proceso que se le sigue al líder del Centro Democrático sigue en el Juzgado 28 de Conocimiento de Bogotá, en manos de la jueza Carmen Helena Ortiz Rassa, quien debe decidir -seguramente en 2022- si tras los hechos expuestos el fiscal delegado Gabriel Jaimes tiene la razón, o si por el contrario avala el pedido de las víctimas de no precluir el expediente.
Sin embargo, para llegar a ese punto debe escuchar a las cinco víctimas acreditadas. Por el momento, ha escuchado a tres, siendo el exfiscal Eduardo Montealegre el último que habló. Aún falta la intervención del abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez; y la abogada Laura Valentina Muñoz, quien fue admitida por la jueza recientemente.
