Un informe de la Procuraduría General de la Nación informó que se abrió una indagación previa contra dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, por supuestos abusos sexuales a dos mujeres recluidas en la cárcel El Pedregal, en Medellín, donde incluso una de ellas estaría embarazada.
En este momento, el ente de control se encuentra en la búsqueda de información que permita esclarecer en totalidad los hechos, para confirmar las irregularidades que se habrían cometido dentro del centro penitenciario.
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La Procuraduría indicó que de comprobarse que dichos abusos si fueron efectuados “constituirían graves violaciones a los derechos humanos y representarían actos de violencia basada en género, de personas bajo la custodia del Estado”, señaló la entidad.
La investigación dio inicio gracias a que la Corporación Mujeres Libres denunciara que una de las víctimas habría quedado embarazada, y se encuentra temiendo por la seguridad de su bebe, mientras que la otra reclusa abusada estaría recibiendo amenazas para no contar quien es el victimario. Además de haberles presuntamente suministrado sustancias alucinógenas para poder acceder carnalmente a ellas.
“A través de esta actuación disciplinaria, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia verificará la posible ocurrencia de los hechos y recopilará el material probatorio suficiente para el esclarecimiento de los hechos”, indicaron a El Tiempo.
Por ahora, la investigación se encuentra adelantando su curso, y el caso fue asignado a una fiscal en Bogotá, quien se encuentra ordenando diversas visitas al establecimiento, con el fin de poder recoger todos los elementos de prueba que permitan esclarecer la responsabilidad de los presuntos responsables.
Dentro de estas visitas programadas a la cárcel, se hace un recorrido por las entradas, visitas, los nombres, los documentos y las cámaras de seguridad, con el fin de poder recoger todos los elementos suficientes.
Estos actos, de confirmarse, establecerán un nuevo acto de violencia de género en una población vulnerable como son las mujeres recluidas en las cárceles del país, donde están en constante riesgo de vulneración de derechos.