Un asunto de Fé

  “No se trata de eliminar la Religión o cuestionarla, se trata de que no nos quiera eliminar o cuestionar a quienes no tenemos una” Últimamente, revisando las noticias, me he encontrado con algunos titulares que parecerían impensables en pleno siglo XXI. Una organización dedicada solo a objetar matrimonios de parejas del mismo sexo, unos pronunciamientos desde la Procuraduría General  en donde piden regresar a la familia tradicional y se empiezan cruzadas contra las personas que no encuadran en el ideal de vida católico, apostólico y romano; congresistas promoviendo referendos en nombre de la fé para imponerle a las mujeres víctimas de violencia sexual que tengan los hijos/as de su agresor. Ese es el panorama que tenemos en Colombia. La pregunta que me hago es: ¿Porqué lo permitimos?. ¿Cómo hemos permanecido callados/as como sociedad ante la imposición de las ideas tradicionalistas? Parece que hubiésemos olvidado que desde  el 1991 este es un país laico, y los derechos de las personas no tienen relación alguna con la fé que profesen.  Parece que hemos bautizado con la etiqueta de “ Derechos de las minorías” a cosas tan importantes como el matrimonio igualitario, el aborto, la muerte asistida, o el consumo de dosis mínima; tan cuestionados por los sectores conservadores y religiosos de este país.  Pero resulta que no son tan minorías, y estos temas en los que estamos retrocediendo afectan a toda la sociedad de una forma  u otra.   Por más que el procurador o el Senador José Darío Salazar quieran, no les está permitido tratar de imponer su visión del mundo, y denegarle derechos a quienes no encuadran en sus estereotipos de “hombre”, “mujer” o “familia”.  No, las mujeres no podemos ser torturadas mediante una obligación legal de gestar un feto producto de un agresión sexual; No, las parejas no pueden tener derechos diferentes dependiendo de el sexo de quienes la integran: No, los derechos políticos de las personas no dependen de las posturas ideológicas o morales que promuevan. No, las personas no pueden estar obligadas a vivir en condiciones indignas o padeciendo los efectos de una enfermedad que les consume sin cura posible; No, el Estado no puede decirle a la gente que hacer con sus tiempos libres y que sustancias pueden o no entrar a su cuerpo. Un país que se pone barreras a si mismo, y que divide a su población entre “ mayorías” y “ minorías” para definir los derechos, esta condenada al fracaso. Si como lo plantea el Procurador, para ser sujetas/os plenos de derechos debemos pertenecer a la “mayoría” mestiza, heterosexual, proveniente de familia nuclear, dispuesta a vivir una larga agonía en caso de enfermedad, y que decide no usar nunca sustancias psicoactivas;  muy pocas personas podrían gozar de prerrogativas estatales. Estamos viviendo una realidad totalmente hipócrita, en donde las leyes y los funcionarios/as exigen un modelo de conducta totalmente alejado de las dinámicas de un país de madres solteras, adolescentes embarazadas , mujeres violentadas sexualmente y un sistema de salud en donde la detección de enfermedades en etapas tempranas  y la recuperación es una utopía. Este es un país en donde hay libertad religiosa, y es bueno que exista multiplicidad de cultos: la variedad siempre seré enriquecedora en todo aspecto. Lo que es inadmisible es que una sola de esas creencias pretenda imponerse y logre el poder para coartar los derechos de quienes les resultan indeseables. Allí empieza el límite de esta prerrogativa fundamental, porque ningún derecho es absoluto. Es hora de despertar, y pedir que las normas y los funcionarios/as que las aplican consulten la realidad y dejen de regular sobre la base de la fantasía que ronda sus cabezas.