El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó una iniciativa en la Asamblea Departamental de Antioquia que amenaza con profundizar el malestar económico y político en la región, pues pretende implementar un gravamen adicional en las facturas de servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6, situación que ha generado rechazo por parte de gremios como Fenalco y ha encendido alarmas sobre la coherencia y las verdaderas prioridades de la administración.
La justificación del gobernador es que los recursos recaudados se destinarán a la seguridad del departamento, algo ilógico cuando la misma Asamblea Departamental aprobó un presupuesto para el departamento de 6,8 billones para el año 2025, un incremento de 17% respecto al aprobado para el año 2024 de los cuales 85.485 millones son para la Secretaría de Seguridad, Es decir no hay justificación para cargar a los ciudadanos con impuestos adicionales en un momento en que la carga tributaria ya está al límite.
Las empresas y los hogares de clase media y alta no son cajeros automáticos a los que se pueda recurrir bajo el argumento de una supuesta falta de dinero en las arcas públicas, especialmente cuando esa premisa no corresponde a la realidad. La situación se vuelve aún más preocupante, pues en mi calidad de Representante he recibido denuncias de alcaldes sobre presiones indebidas para que respalden esta iniciativa mediante una carta que no escribieron y en la que, presuntamente, se les obliga a avalar este desfalco en perjuicio de los antioqueños. De ser cierto, estaríamos frente a un manejo político repudiable que erosiona la confianza en las instituciones y en el liderazgo de Rendón. Gobernar implica diálogo, no imposición; consenso, no coerción.
El rechazo de Fenalco es especialmente significativo, ya que esta agremiación respaldó la candidatura de Rendón. Este giro en la narrativa pone en evidencia un quiebre en la relación entre el sector privado y el mandatario, quien parece haber olvidado las promesas hechas durante su campaña. Las decisiones recientes dibujan un panorama de improvisación y falta de planificación.
No podemos ignorar que la inseguridad es un problema real y urgente en Antioquia. Sin embargo, el enfoque debe estar en optimizar los recursos existentes y en garantizar que el presupuesto actual sea utilizado con eficiencia, implementar un nuevo gravamen no solo generará rechazo social, sino que también tendrá un impacto negativo en la competitividad regional, afectando directamente la capacidad de las empresas para generar empleo y contribuir al desarrollo económico.
Los antioqueños merecen un liderazgo que proponga soluciones estructurales y sostenibles, no medidas que trasladan el costo de la ineficiencia administrativa a los ciudadanos. La seguridad no puede ser la excusa para debilitar aún más la economía de las familias y empresas del departamento.
Hoy no solo está en juego el presente de Antioquia, sino también la confianza en quienes nos representan, el poder no puede ser utilizado como un arma para desmejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, cada iniciativa o propuesta debe estar orientada a salvaguardar los derechos de las personas y contribuir al bienestar colectivo, promoviendo el desarrollo integral de la región y fortaleciendo el tejido social.
