La inseguridad en Bogotá no es solo un problema de criminalidad, es además de cohesión social. Según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del DANE (2023), el 83,8% de los habitantes de la capital se sienten inseguros. Los espacios públicos deteriorados, la falta de interacción comunitaria y el debilitamiento del tejido social han convertido a la ciudad en un lugar donde la percepción de inseguridad es una experiencia cotidiana. Si estudiamos los planteamientos de Paul Martin en “The Rules of Security: Staying Safe in a Risky World”, entenderemos que la seguridad no depende solo de policías o cámaras, implica por sobre todo estrategias que fortalezcan comunidades conectadas y resilientes.
Zonas como San Victorino reflejan el impacto de políticas urbanas insuficientes para enfrentar la criminalidad. Ante la temporada de fin de año, las autoridades intensifican controles en este sector de la ciudad, pero estas medidas no involucran combatir las causas profundas. Estudios muestran que comunidades cohesionadas son menos propensas a la violencia. En Bogotá, sin embargo, la falta de espacios públicos seguros y la fragmentación social aumentan la percepción de inseguridad y los riesgos reales.
Robert Muggah, experto en seguridad urbana, desarrollo internacional y diseño de ciudades resilientes, señala que la cohesión social es clave para reducir la criminalidad urbana. Ciudades como Medellín y São Paulo han demostrado cómo revitalizar espacios públicos y fortalecer redes comunitarias transforma realidades violentas. En Bogotá, barrios desconectados, parques abandonados y una sensación de aislamiento reflejan una crisis de cohesión social que impacta la seguridad.
La cohesión social no es solo un objetivo, sino un medio para mejorar la seguridad. Vecinos conectados son más propensos a cooperar, denunciar delitos y participar en actividades comunitarias. Sin embargo, esto requiere políticas urbanas centradas en las personas y no solo en el control del delito.
Ciudades como Barcelona y Medellín ofrecen ejemplos inspiradores. Barcelona, con sus supermanzanas, ha creado espacios seguros para peatones y fomentado interacción comunitaria. Medellín transformó barrios marginales con escaleras eléctricas, bibliotecas y parques que fortalecen la cohesión social.
Bogotá, en cambio, sigue careciendo de planificación a largo plazo. Modelos como crime prevention through environmental design (CPTED), que integran urbanismo y seguridad, podrían ser claves. La inversión en infraestructura social y espacios públicos accesibles es crucial para reducir la criminalidad.
San Victorino es un ejemplo de los desafíos de la ciudad. Este sector comercial enfrenta inseguridad por falta de control efectivo y deterioro urbano. Operativos temporales como los navideños no resuelven problemas como la exclusión social, el desempleo y la desvalorización del espacio público.
El estado de los parques y plazas es otro tema alarmante. Espacios que deberían ser puntos de encuentro son ahora zonas de riesgo. Esto limita la interacción comunitaria, debilitan aún más el tejido social y afectan la calidad de vida.
Parte de la solución al desafío de la inseguridad en Bogotá conlleva la integración social, más allá de recursos policiales. Es necesario abordar las causas sociales y urbanísticas que perpetúan la criminalidad y el miedo. Bogotá puede salir del laberinto si reconstruye su tejido social.
La seguridad no es solo responsabilidad del gobierno, cada ciudadano tiene un rol. Cuidar espacios públicos, participar en iniciativas comunitarias y promover la interacción fomenta cambios significativos y vivifica las comunidades; como argumenta Muggah, la seguridad nace de comunidades resilientes y cohesionadas. Si Bogotá se abre a una construcción diferencial en el abordaje de la seguridad lograría un enfoque que la destaque como una ciudad innovadora, segura, inclusiva y vibrante.
