El candidato liberal a la presidencia, Humberto De la Calle ha dicho en un programa de radio el pasado 10 de mayo que tiene información según la cual alguna curul de los congresistas elegidos para la próxima legislatura llegó a costar 20.000.000.000 de pesos. Lo pongo en letras para que no crean que me equivoqué: veinte mil millones de pesos.
Son de esas cosas que lee uno en prensa, oye por radio o ve en televisión en Colombia y es como si viéramos llover, la cosa más normal del mundo. Se preguntarán ustedes qué hará un futuro congresista para rentabilizar tal inversión en una campaña política, de dónde salió ese dinero. O más evidente, quién era el encargado de controlar semejante gasto.
Lo que ocurre en un Congreso con integrantes llegados a su curul en esas circunstancias ya lo hemos visto en tiempos pasados: escándalos de corrupción y una institución absolutamente desprestigiada. Aceptemos lo que ya es un hecho consumado, algo contra lo que no podemos hacer nada, y quedémonos en el organismo de control de gastos de campañas políticas en Colombia.
Esa función fiscalizadora corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE), un organismo creado como varias instituciones nefastas en Colombia, por la Constitucion de 1991. Me gusta recordar, cada vez que hay oportunidad, que en la redacción de esa Carta Magna metió mano la mafia, cosa que está suficientemente documentada. Y, como se dice en España, así nos luce el pelo.
El caso Odebrecht es un paradigma del trabajo que no hace, y debería haber hecho, el CNE. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos la firma brasileña pagó 788 millones de dólares de sobornos en 12 países de América Latina. En Colombia entró en las últimas elecciones presidenciales a las campañas de los dos candidatos, Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, la legislatura se acaba y ¿qué hizo el CNE al respecto? Archivó el caso de la campaña de Zuluaga y engavetó el caso de la campaña de Santos.
Armando Novoa, el magistrado que participaba en las investigaciones sobre la campaña presidencial de Juan Manuel Santos sobre el ingreso de dinero de la firma brasileña en esa campaña, fue recusado por los miembros del CNE. El señor Novoa, quien también investigó la entrada de similares recursos a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, fue igualmente excluido de esa indagación por el tribunal electoral.
Para el CNE el pecado del magistrado Armando Novoa fue haber pedido en varios medios de comunicación, celeridad en las investigaciones para un asunto de la máxima gravedad como es el ingreso de dinero de Odebrecht en la última campaña presidencial . Apartando a Novoa a comienzos de año, los miembros del CNE se quitaron del medio a un funcionario incómodo ante los manejos de los partidos políticos al interior del tribunal electoral colombiano.
El CNE, como el Consejo Nacional de la Judicatura (teóricamente eliminado en 2015), como la Comisión Nacional de Televisión (ahora rebautizada Autoridad Nacional), como las Corporaciones Autónomas Regionales (otro invento de la Constitución del 91) y tantos otros organismos y entidades que claman desaparición, no se ocupa de proteger a la ciudadanía sino a intereses particulares y de partidos políticos.
Digamos entre paréntesis que en un país vecino como Perú la corrupción de Odebrecht, que financió campañas políticas, llevó el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, a ser condenados a 18 meses de prisión preventiva por riesgo de fuga en el proceso que se sigue contra ellos por haber presuntamente recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña.
Qué diferente son las cosas en Colombia. Y cómo debería el costo de una curul para el Congreso aquí hacer reflexionar a los votantes, en vísperas de una elección presidencial.
En la fila para llegar al palacio de Nariño hay candidatos continuadores de esas viejas prácticas, por su gestión o por sus padrinos se les conoce. Pero ojo, que también hay la posibilidad de elegir a algún candidato muy decente.
