Una mañana de septiembre de 2002, un reducido grupo de corresponsales de prensa extranjera tuvimos un encuentro con el recién posesionado vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en la sede de la Fundación Friedrich Ebert, FESCOL, en Bogotá para hablar de las expectativas del nuevo Gobierno.
Álvaro Uribe había tomado hacía apenas un mes las riendas del ejecutivo y Santos tuvo la deferencia de hacer aquella reunión informal, sin agenda y sin nada que dijese allí publicable por aquellos días, pero interesante para sus interlocutores por lo que suponía para nosotros de primer encuentro con un alto representante del nuevo gobierno colombiano.
Pocas cosas recuerdo de aquella reunión pero hubo algo que me impactó de tal manera que aún lo tengo fresco en la memoria. Francisco Santos estaba horrorizado –no estoy exagerando, ese fue el término que empleó- “con lo que hemos encontrado en la justicia”, según sus propias palabras. Pintó tal cuadro de caos, desbarajuste, dejadez, abandono, falta de medios y de profesionales en la administración de justicia que aquello no había por dónde echarle mano.
Y por lo que pudimos ver meses más tarde, el gobierno Uribe no encontró mejor fórmula para hacer frente el cúmulo de espantos hallados en el sistema judicial que acabar con la cartera relacionada con la justicia. O mejor dicho, fusionarla con Interior. Habrá dicho: “muerto el perro se acabó la rabia”. Pues no, no se acabó y lo que entonces era un mal hoy es una pandemia.
Es algo más que una crisis, en Colombia se percibe una fractura institucional del sistema judicial y ante esto la gente no puede sentir más que un tremendo desamparo, verse ante un túnel oscuro, una sin salida porque sabe en manos de quién estaría la solución: de un Ejecutivo débil y de Legislativo venal.
La frase tan manida de todos los gobiernos colombianos cuando se encuentran ante una actuación deshonesta, corrupta o arbitraria de funcionarios públicos, de miembros del Ejército o de la Policía de que se trata de “casos aislados” la encuentro un verdadero insulto a la inteligencia. Piensan el presidente y sus ministros cuando hablan de “manzanas podridas” o de “casos aislados” que sus conciudadanos son disminuidos mentales, masa moldeable que traga entero.
¿Quién puede creer hoy que el caso de los funcionarios judiciales acusados de manipular expedientes en Paloquemao para amañarlos, previo pago de los interesados, a favor de delincuentes es un caso aislado? Si tenemos hasta a un ex Fiscal General acusado de vínculos con paramilitares.
Si ahora resulta que se investiga a un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura por su posible intervención en el cambio de jurisdicción de un proceso contra un coronel involucrado en los llamados falsos positivos; esos otros “casos aislados”, por cierto, que en su momento dejaron miles de víctimas por todo el país.
¿Cómo es posible que una mujer que se salva después de recibir 95 puñaladas sea asesinada siete meses más tarde, sin que la justicia haya interrogado siquiera a sus victimarios, plenamente identificados por ella en su momento?
La justicia en Colombia tiene estándares africanos, dicho sea con perdón de algunos países del continente negro que funcionan mejor en ese sentido que el engendro colombiano que aquí llaman pomposamente “administración de justicia”. ¡Qué miedo! ¡Qué horror verse en manos de jueces en este país!
Entra en la recta final este gobierno y es la hora de los agradecimientos. Gracias, querido Presidente; gracias, queridos congresistas por dejar una legislatura más esa hidra de mil cabezas de descontrol, de impunidad, de politización, de carrusel de pensiones, de retrasos en la investigación, de filtración de documentos, de nombres propios que la gente sigue como una telenovela que no acaba nunca. Como una telenovela siniestra.
La siniestra telenovela de la justicia colombiana
Dom, 03/11/2013 - 06:17
Una mañana de septiembre de 2002, un reducido grupo de corresponsales de prensa extranjera tuvimos un encuentro con el recién posesionado vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en la sede de