La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó, por segunda vez, la solicitud de sometimiento que presentó el exalcalde Samuel Moreno, condenado en medio del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.
La decisión también cobijó a su hermano Iván Moreno, igualmente condenado por este caso de corrupción, y a su madre María Eugenia Rojas.
La Sección de Apelación del alto tribunal entró a resolver el recurso interpuesto por Moreno Rojas luego de que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazara, en junio de 2020, su solicitud de sometimiento a la JEP.
Tras hacer la revisión, la sección también concluyó que las conductas por las que fueron condenados el exalcalde y el exsenador no tienen relación directa ni indirecta con el conflicto armado.
Según dijo, el conflicto armado no les otorgó a los hermanos Moreno Rojas un medio para cometer los delitos por los que fueron condenados y por los que se encuentran privados de la libertad.
"Tampoco les dio capacidades para incurrir en las conductas ilegales, ya que estas estaban dadas por su trayectoria política, lo que les permitió acceder a cargos del Estado. Tampoco hay evidencia de que los dineros apropiados fueran para favorecer a alguna de las partes enfrentadas en el conflicto armado o para obtener una ventaja militar", indicó.
El tribunal de paz señaló que, aunque es claro que los Moreno Rojas quieren comparecer ante la JEP y recibir beneficios, "su argumento es ser víctimas de un complot de carácter político que, según ellos, se hace evidente en circunstancias que se relacionan con la confrontación armada que por más de 50 años ha vivido Colombia".
En ese sentido, advirtió la Sección de Apelación, los solicitantes no plantean hipótesis de relación de las conductas que se les atribuyen y el conflicto armado.
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"Los desfalcos en la contratación en Bogotá son una realidad que no es puesta en duda por los solicitantes, además de haber sido comprobada, entre otras, porque quienes se beneficiaron con dichos dineros se sometieron a la justicia y algunos de ellos aún se encuentran privados de su libertad. Al margen de que los solicitantes manifiesten no haber participado en esos desfalcos, se tiene que esos recursos fueron desviados para engrosar el patrimonio de varias personas de manera injustificada, siendo este su móvil determinante”, señalaron los magistrados de la Sección de Apelación de la JEP.
