Hay indignación entre los operadores judiciales por el desgaste que significó el caso de la mujer que inventó un abuso sexual de la Policía en medio de las manifestaciones del Paro Nacional.
La supuesta historia fue difundida a través de redes sociales y, por el rechazo que expresó la comunidad, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación rápida para esclarecer los supuestos hechos.
Según narró la mujer de 28 años de edad, en medio de la jornada de protestas ella se dirigía hacia su casa ubicada en la localidad de Usme, sur de Bogotá, cuando un grupo de policías la abordaron, la requisaron y, “al ver que era manifestante”, la trasladaron hacia un CAI en el que aseguró haber sido abusada sexualmente.
La mujer se dirigió hasta el hospital de Kennedy para tratar de validar la denuncia y ante los médicos insistió que había sido víctima de violencia sexual por parte de los uniformados.
Tras conocer el caso, el fiscal Francisco Barbosa ordenó darle prioridad y en ese momento varios investigadores recolectaron los videos de las cámaras de seguridad, interceptaciones y testimonios para verificar la información.
De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el despliegue investigativo costó más de 70 millones de pesos.
Sin embargo, la mujer cayó en la mentira. Los médicos del hospital determinaron que las heridas que tenía ocurrieron meses atrás y no encontraron signos de abuso sexual.
Además, los investigadores, al revisar las cámaras de seguridad del sector, notaron que la mujer salió de un establecimiento nocturno y que después llegó a su casa sin problema alguno.
Tras ser interrogada por la Fiscalía, la mujer terminó aceptando que todo se trató de una mentira, pues no hubo violencia sexual ni otro tipo de agresión hacia ella por parte de la Policía.
La implicada aceptó que todo se trató de una “coartada”, pues lo que quería era irse de rumba sin que su pareja sentimental se enterara.
¿Cuáles serían sus consecuencias?
El abogado penalista Diego Suárez explicó en diálogo con KienyKe.com cuáles podrían ser las consecuencias que enfrentaría la mujer que inventó un abuso sexual de la Policía.
Para él, sí tiene que haber una consecuencia en el ámbito penal para esta persona porque ella era plenamente consciente que estaba denunciando una mentira.
“Frente a la administración de justicia y frente al Estado, la mujer sería responsable del punible de falsa denuncia, pues a sabiendas de que los hechos que reportaba no eran ciertos, hizo andar todo el aparato y funcionamiento de la Fiscalía y esto es un tema supremamente grave”, indicó.
El abogado Diego Suárez agregó que la mujer que inventó un abuso sexual de la Policía también podría, eventualmente, haber incurrido en una injuria o en una calumnia.
“Respecto a las personas a las que hizo el señalamiento, podría, eventualmente, incurrir en una injuria o en una calumnia, el código habla de esos dos punibles cuando se afecta la integridad moral.
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“Cuando la persona de alguna forma describe la forma clara del recorrido criminal, cómo ocurrió el delito y cómo la conducta de los policías la ‘afectó’, estaríamos en presencia de una calumnia. Pero cuando la afirmación se constituye en una ofensa, ataca el buen nombre, la honra y la reputación, estamos en presencia de una injuria. En este caso, eventualmente, podrían concurrir las dos”, aseguró.
La Fiscalía indicó, por el momento, que investigará a la mujer que inventó un abuso sexual de la Policía por la supuesta comisión del delito de falsa denuncia.
En el Código Penal, las sanciones para este delito están contempladas de la siguiente manera: “El que bajo juramento denuncie ante la autoridad una conducta típica que no se ha cometido, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
