En una reunión privada, la fiscalía presentó a las víctimas acreditadas en el proceso un preacuerdo establecido entre el confeso asesino Jhonier Leal y el ente judicial.
El preacuerdo firmado por el implicado consta de una condena que iría entre los 26 y 28 años de cárcel, el pago por parte del acusado de más de 200 salarios mínimos, un compromiso de no delinquir nuevamente y un pedido de perdón que deberá ser dirigido hacia la opinión pública y en el que tendrá que narrar los motivos que lo llevaron a cometer los asesinatos de su hermano y su madre.
Elmer Montaña, abogado representante de las víctimas del proceso, instó a la fiscalía para que se le imputara a Leal el delito de tortura por la manera en cómo se dio el crimen pero el ente desestimó las objeciones del abogado.
"La representación de víctimas dejó su objeción sobre este preacuerdo. La Fiscalía propuso entonces que la pena se podría incrementar entre los 26 y 28 años, pudiendo ser de 26 años y 6 meses. La defensa de víctimas se opuso. No estamos de acuerdo y así se lo diremos a un juez", señaló Montaña luego de la reunión.
Cabe destacar que el preacuerdo discutido es un borrador que deberá ser presentado ante un juez quien decidirá si las disposiciones discutidas entre la Fiscalía General y Jhonier Leal son pertinentes.
A pesar de las objeciones realizadas por el representante de las víctimas durante la reunión de presentación del preacuerdo, se espera que la fiscalía siga con los trámites para la legalización de lo pactado con Jhonier Leal.
Además, gracias a la confesión hecha por el implicado durante las audiencias preliminares de imputación de cargos, este podría acceder al beneficio de una rebaja de condena.
Se conoce también que el confeso asesino solicitó ante la justicia que se cambiara su lugar de reclusión y que ha tratado de conciliar directamente con su familiares a través de llamadas telefónicas.
“El señor Jhonier Leal ha llamado a sus familiares, entre ellos a las hermanas de la señora Marleny Hernández, sus tías, con el fin de solicitarle que me revoquen el poder que me otorgaron para que las represente como víctimas, con el argumento de que me convertido en un obstáculo en la negociación que está adelantando con la Fiscalía General de la Nación como quiera que solicitado que le imputa en el delito de tortura lo cual implicaría un aumento de la pena”, afirmó el abogado.
