En la mañana de este martes 6 de julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un hecho sin precedentes: la imputación a diez militares y un civil dentro del Caso 03 llamado 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', conocido como el fenómeno de los falsos positivos en Colombia.
La Sala de Reconocimiento del tribunal especial llamó a reconocer responsabilidad a estas 11 personas, entre ellas: un Brigadier General, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capitán, dos sargentos, un cabo y un tercero civil dentro del subcaso Norte de Santander.
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Al parecer, los imputados tuvieron participación en el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, las cuales fueron presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008 para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.
Los delitos que imputó la Sala de Reconocimiento de la JEP son: crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada, ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
Los imputados
La Jurisdicción Especial para la Paz anunció que los imputados, identificados como máximos responsables en la modalidad de liderazgo por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran tenido lugar de forma sistemática y generalizada, son:
- El brigadier general Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30 del Ejército.
- Los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15).
- El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 'General Francisco de Paula Santander' (BISAN) de Ocaña.
- El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15.
- El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Por otro lado, señaló que, por haber contribuido de manera amplia y efectiva en la ejecución de conductas de particular gravedad, también se imputó a los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA). Ellos son:
- El capitán Daladier Rivera Jácome.
- El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz.
- El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN.
- El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15.
- El tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares.
Para la JEP, la evidencia indica que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, conforme al Código Penal Colombiano como al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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Además, los magistrados de la Sala de Reconocimiento concluyeron que los comparecientes actuaron siendo conscientes de que estos delitos se cometían como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, "razón por la cual también existen bases para determinar que son responsables de crímenes de lesa humanidad".