La defensa de Sergio Fajardo le solicitó apoyo a la ONU para que la Fiscalía General de la Nación le respete sus derechos en el marco de la investigación por las supuestas irregularidades en un contrato de empréstito firmado en 2013 cuando estuvo al frente de la gobernación de Antioquia.
El abogado Mauricio Pava, quien representa al actual candidato presidencial en este caso, indicó que es necesario que esta organización internacional conmine al ente investigador para que cumpla con los plazos razonables en el proceso penal que adelanta en contra de su cliente.
Señaló que, tras 5 años de investigación y 2 meses después de haber formulado la imputación en contra de Sergio Fajardo, la Fiscalía sigue sin acusarlo formalmente ante la Corte Suprema de Justicia y tampoco ha solicitado la preclusión a su favor.
Todo esto, según el abogado de Fajardo, a pesar de la insistencia de la defensa de que este proceso se surta en tiempos razonables. "Fajardo permanece a la espera del momento en que la Fiscalía decida llamarlo a juicio", resaltó.
Y agregó: "Con la pretensión de que Sergio Fajardo sea oído sin dilaciones por su juez natural, la defensa presentó directamente en Nueva York la petición a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García, solicitando que el organismo multilateral conmine a la Fiscalía a que presente el caso a la Corte Suprema de Justicia y que no afecte los derechos políticos del hoy precandidato presidencial".
Para el abogado Mauricio Pava, es preocupante que, después de cinco años de investigación por una conducta supuestamente cometida en 2013, los tiempos de la Fiscalía ahora coincidan con los del calendario electoral.
"Hemos pedido a las Naciones Unidas que vele porque se cumplan los plazos razonables aplicables a cualquier proceso y que Sergio Fajardo pueda ser escuchado oportunamente por la justicia colombiana", manifestó.
Detalles de la imputación contra Sergio Fajardo
El ente investigador informó el pasado miércoles 31 de marzo que obtuvo elementos materiales de prueba que darían cuenta de las supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A., que fue suscrito el 5 de diciembre de 2013.
Según indicó, el contrato que es objeto de investigación fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo se desempeñó como gobernador y, además de ser jefe de la administración departamental, fue el ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito.
La Fiscalía señaló que, del mismo modo, el hoy candidato presidencial tenía la responsabilidad y posición de garante en las decisiones administrativas relacionadas con este contrato, el cual implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos.
El quid de la cuestión es que la entidad indicó que los análisis técnicos, financieros y jurídicos evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, y que tampoco “existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.
“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos. Esta situación se vio reflejada en el aumento de la deuda general del departamento de Antioquia que, en su momento, pasó de 600.000 millones de pesos a cerca de 1.2 billones de pesos colombianos”, señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Sergio Fajardo los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En la diligencia no solicitó medida de aseguramiento.
