La Corte Constitucional estudia una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez y en los próximos días podría ordenar el retorno de todos los estudiantes del país a la presencialidad. Lo anterior, por un caso de tres menores que no han podido acceder a educación de calidad en medio de la pandemia.
El magistrado señala en su ponencia que se debe priorizar la presencialidad ante las limitaciones al acceso de internet y equipos tecnológicos que tienen muchos niños en Colombia. Ibáñez sugirió que se decreten al menos, cuatro días de presencialidad y uno de virtualidad.
"Aunque la Corte reconoce los esfuerzos del Ministerio (de Educación) en materia de conectividad en educación, también advierte que estos se han visto frustrados, en tanto que, esta decisión reproduce los problemas estructurales en conectividad del país, sin una solución viable en el corto plazo", argumentó Ibáñez.
Además, es importante señalar que en medio del debate se ha discutido si el acceso a conectividad a internet y los recursos digitales garantizan un aprendizaje óptimo, puesto que se han denunciado casos en los que las metodologías utilizadas no le permiten a todos los niños sacarle el mayor provecho a las clases.
Antes de retomar la discusión sobre la ponencia, el magistrado Ibáñez está realizando algunos ajustes al texto definitivo y que se llevará a la próxima Sala Plena con participación del conjuez para definir si todos los estudiantes deben volver a las aulas de manera presencial.
Vale la pena recordar que, el pasado siete de agosto el Gobierno y Fecode firmaron un acuerdo para el regreso a clases presenciales. Sin embargo, en algunas instituciones se mantiene el modelo de alternancia.
"Las partes ratificamos el compromiso ético y la responsabilidad que nos corresponde como servidores públicos con la prestación del servicio educativo de manera presencial en las aulas de clase en todas las instituciones educativas oficiales", expresó MinEducación sobre el acuerdo.
Las partes también acordaron una reforma constitucional al sistema general de participaciones para que se incrementen de manera progresiva los recursos destinados a la educación.
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En cuanto a la salud y las prestaciones sociales, el Gobierno se comprometió a adelantar un proceso de selección para la contratación de la prestación del servicio de salud y de seguridad y salud en el trabajo, asegurando financiación, cobertura, integralidad, mecanismos e instrumentos para la selección que permitan que el servicio se preste con calidad.
Los ascensos y reubicaciones de los docentes también serán revisados y los procesos de evaluación de los maestros: "Se acuerda que las partes trabajarán en la definición de este modelo que permita definir y poder adelantar un proceso de evaluación que contribuya a la calidad educativa y también a los procesos de ascenso y reubicaciones. Teniendo en cuenta el nuevo modelo se contará con las bases para realizar una nueva convocatoria para ascensos y reubicaciones para el magisterio".
