La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya tiene lista la segunda imputación dentro del macrocaso 03: 'Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado', conocido como el de los falsos positivos en Colombia.
Esta vez, la investigación se centrará en los 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas ocurridas entre los años 2002 y 2003, crímenes atribuidos a algunos miembros del batallón La Popa del Ejército Nacional, el cual tiene su sede en la ciudad de Valledupar (Cesar).
Esta nueva imputación por falsos positivos está dirigida en contra de 15 militares. Uno de ellos es el coronel (r) Hernán Mejía, a quien, de acuerdo a lo testificado por algunos de los que fueron sus subalternos, se le atribuye la frase: “eran bandidos y se tenían que morir”, refiriéndose a civiles que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
Mejía era el comandante del batallón La Popa para la fecha en la que ocurrieron los hechos. Conforme dice la decisión revelada este miércoles 14 de julio por el diario El Espectador, las pruebas y testimonios recolectados indican que, bajo su mando, los miembros de esta unidad militar se aliaron con grupos paramilitares para matar a personas señaladas de ayudar a la guerrilla y, así, mostrar “éxito” en la operación militar.
Esta alianza criminal se habría hecho con David Hernández, alias 39, exparamilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upa de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Entre las víctimas se registran varios civiles y miembros de la comunidad indígena de la zona. De acuerdo con El Espectador, los crímenes ocurrieron bajo cuatro modalidades. En principio, se dice que algunas de las víctimas fueron entregadas por las AUC a miembros del batallón La Popa del Ejército y que algunos llegaron ya asesinados y otros fueron acribillados directamente por los militares.
Por otro lado, se dice que los paramilitares acusaban a las víctimas de auxiliar a la guerrilla y, por esa razón, eran asesinadas. También se indica que los miembros de ese batallón mataban a personas señaladas de cometer delitos como hurto y los presentaban como bajas en combate.
La última modalidad que investiga la JEP revelaría que miembros del batallón La Popa asesinaron a guerrilleros que se habían rendido en medio de la confrontación o que necesitaban atención médica.
Los cargos que se le imputarían al coronel (r) Hernán Mejía son crímenes de guerra y de lesa humanidad dentro del caso de los falsos positivos, todo esto por haber propiciado un “plan criminal” aprovechándose del control que ejercía sobre sus subalternos para presentar estos asesinatos como resultados legítimos en medio del conflicto armado.
Cabe recordar que el pasado 6 de julio la Sala de Reconocimiento dio a conocer la primera imputación por falsos positivos en contra de diez militares y un civil que habrían cometido, entre enero de 2007 y agosto de 2008, el asesinato de por lo menos 120 personas en estado de indefensión en la región del Catatumbo para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar.
Hernán Mejía y la condena que se le impuso
El coronel (r) Hernán Mejía se caracterizaba por ser uno de los que mejor hoja de vida tenía dentro del Ejército Nacional. Por su experiencia, era uno de los que más inspiraba respeto al interior de la institución y gozaba de credibilidad entre los demás militares.
Dichas cualidades lo llevaron a ser el comandante del batallón La Popa de Valledupar, considerado como uno de los más importantes del país. Sin embargo, los señalamientos por nexos con paramilitares lo llevaron a estar bajo la lupa de la justicia y, por esa razón, en septiembre de 2013 fue condenado a 19 años y 6 meses de prisión por el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá por el delito de concierto para delinquir agravado.
En medio de ese proceso, un fiscal de Derechos Humanos presentó varias declaraciones de desmovilizados de las AUC y, entre las pruebas, mostró una agenda que le pertenecía al coronel Mejía en la que aparecía registrado el número telefónico de alias 39 y otros miembros del grupo paramilitar.
El inicio de la investigación
La Fiscalía explicó en ese momento que esta investigación inició tras una denuncia realizada por un exoficial del Ejército, quien informó de las irregularidades que se presentaron por parte de los miembros del batallón La Popa en el periodo en el que Mejía Gutiérrez se desempeñó como comandante.
En la denuncia, el exmilitar afirmó que, a pocos días de asumir como comandante, el entonces coronel Hernán Mejía se reunió en un sitio conocido como San Ángel (Magdalena) con Jorge Cuarenta, Hernán Giraldo Serna, alias 39 y alias Tolemaida, entre otros integrantes y comandantes de las Autodefensas.
La Fiscalía señaló que, en ese contexto, se le atribuyó la conformación de un grupo élite al interior del batallón de La Popa conformado por 14 militares y conocido por el nombre de Zarpazo, el cual, cuando operaba, siempre regresaba con personas muertas, “afirmando que habían sido dadas de baja en combate por pertenecer, supuestamente, a grupos armados ilegales”.
El ente investigador indicó que dentro de estas acciones se destacan dos operaciones efectuadas en el año 2002 denominadas Coraza y Tormenta II, en las que los militares informaron la baja en combate de 20 presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
En ese momento, los militares indicaron que en la operación Coraza dos integrantes del grupo insurgente ingresaron de manera clandestina a las instalaciones del batallón con el propósito de sustraer armamento, “motivo por el cual se presentó un enfrentamiento en el que resultaron muertos".
Sin embargo, las investigaciones revelaron que el supuesto enfrentamiento presentaba inconsistencias, pues, según el fiscal del caso, los estudios periciales reflejaron que las trayectorias de los proyectiles, las heridas y las posiciones de los cadáveres no coincidían con la que debería ser la escena de los hechos.
Por otro lado, se expusieron las irregularidades de la operación Tormenta II, que se realizó en octubre de 2002 en Bosconia (Cesar) y en la que murieron 18 supuestos guerrilleros del Eln.
Respecto a este caso, el fiscal resaltó que tras el estudio forense se concluyó que estas personas “fueron identificadas como miembros de los paramilitares” y que los cuerpos “no fueron atacados sino sometidos de forma homicida”. Al parecer, esto habría sido una farsa planeada junto a alias 39.
“El accionar de las armas es ilegal y se generó la muerte de manera innecesaria a fin de presentarlos como una operación exitosa y lograr reconocimiento de ella”, resaltó en ese entonces el fiscal del caso en medio del juicio.
El coronel Hernán Mejía fue condenado a prisión por estos hechos y la sentencia fue confirmada pero reducida a 14 años por el Tribunal Superior de Bogotá. El caso terminó en la JEP porque Mejía se sometió a este modelo de justicia transicional y, en 2017, recibió el beneficio de la libertad condicionada.
Desde que inició la investigación en su contra ha asegurado ser inocente y, según ha dicho, se sometió a la JEP para “limpiar su nombre”. También es importante resaltar que últimamente el coronel (r) ha expresado sus aspiraciones políticas, pues en 2020 anunció que haría parte de la baraja de candidatos para las elecciones presidenciales de 2022.
