La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre los años 2002 y 2008.
Así lo dio a conocer en su estrategia de priorización dentro del caso 03 conocido como el de falsos positivos, donde contrastó las cifras que fueron entregadas por la Fiscalía General cuando el tribunal especial comenzó a estudiar el fenómeno.
La primera fase de investigación de este caso se concentró en seis territorios: Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
Esta decisión, según la JEP, se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal.
Según el reporte que entregó la Fiscalía General en ese momento, eran 2.248 las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales.
Sin embargo, con estos nuevos datos que entrega la JEP se indica que habría 4.154 víctimas más de los mal llamados falsos positivos, y que el 66% del total nacional de víctimas de concentró en diez departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
El tribunal especial indicó que las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la Fiscalía (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP.
A pesar de esto, señaló que las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de víctimas.
"El resultado muestra que durante esta etapa se registró el 78% del total de la victimización histórica. Las fuentes también coinciden en que el fenómeno macrocriminal cayó drásticamente en el 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos reportados en 2009", resaltó.
Asimismo, la JEP mencionó que dentro de la estrategia de investigación del Caso 03 “de abajo hacia arriba”, la Sala de Reconocimiento priorizó 6 subcasos que le permitirán esclarecer el fenómeno, primero, a nivel local, para después subir al nivel regional y nacional de responsabilidad.
¿Cuáles son los seis subcasos?
- Subcaso Antioquia: La JEP indicó que se registró el 25% del total de víctimas ocurridas a nivel nacional entre 2002 y 2008, es decir, una cuarta parte del total. El año de mayor victimización de la región fue 2004.
Según dijo, la IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013.
Además, señaló que uno de los casos emblemáticos es el del cementerio Las Mercedes en Dabeiba del que han entregado información ante la JEP 14 miembros de la fuerza pública, de distinto rango. "La mayoría de ellos no habían sido investigados por la justicia ordinaria y quienes sí lo fueron, confesaron ante la JEP la comisión de crímenes nunca antes judicializados", sostuvo.
- Subcaso Costa Caribe: El 7,3% del universo de víctimas, para el periodo comprendido entre 2002 y 2008, se encuentra en el departamento del Cesar, el tercer departamento con mayor nivel de victimización en el país.
El tribunal especial señaló que La Guajira reporta el noveno lugar de incidencia en la victimización del país con 90 muertes, equivalentes a un 4%.
También indicó que la Sala priorizará en un primer momento la investigación de los hechos ocurridos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de la Guajira que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”.
- Subcaso Norte de Santander: Dentro de la información con la que cuenta la JEP, se tiene conocimiento de 420 víctimas reportadas en el período 1985-2016, donde Norte de Santander ocupa el sexto lugar a nivel nacional.
El tribunal especial indicó que el 82% de las víctimas se concentran entre 1999 y 2008 y que la mayor cantidad de víctimas reportadas se concentra en El Catatumbo.
La Segunda División, con jurisdicción en el Norte de Santander y Boyacá, se encuentra dentro de las cuatro divisiones del Ejército Nacional que concentran cerca del 60% de los casos.
Con base en este panorama cuantitativo, la JEP decidió concentrarse en el esclarecimiento detallado de los casos que ocurrieron entre 2007 y 2008 en El Catatumbo. Allí la JEP ha identificado por lo menos dos patrones representativos del Caso 03.
- Subcaso Huila: La JEP señaló que la Quinta División del Ejército, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, se caracterizó por un incremento sustancial de casos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008, en comparación con el número de casos que se registran antes y después de ese lapso.
De un total de 327 muertes reportadas como resultados operacionales se tiene que la mayoría se concentraron en el sur y el centro del departamento del Huila, particularmente en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes, seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado.
- Subcaso Casanare: Según el tribunal especial, la Cuarta División ocupó el segundo puesto en resultados operacionales de todo el país y en 2007 alcanzó el primer puesto. Señaló que con el análisis de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 100.000 habitantes, se pudo determinar que, para el periodo entre 2002 y 2008, la tasa para este departamento fue la más alta en todo el país con casi 12 por 100.000 habitantes.
En esta zona la JEP priorizará la investigación por los hechos ocurridos entre enero de 2005 y diciembre de 2008 que correspondieron a muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Brigada XVI.
- Subcaso Meta: La jurisdicción indicó que el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla Pantano de Vargas” (BIVAR) presentó el incremento más significativo en la cantidad de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre los años 2002 y 2005. En consecuencia, se priorizará el esclarecimiento de los hechos ocurridos en este periodo.
