El lunes 27 de noviembre de 1989 ocurrió uno de los atentados más recordados de la historia reciente de Colombia, en el contexto de la época del conflicto entre el Estado y carteles del narcotráfico. Cerca de las 7:10 a.m. el vuelo 203 de Avianca, un avión Boeing 727, iniciaba su viaje desde Bogotá hacia Cali y sufrió una explosión repentina cuando sobrevolaba la zona rural del municipio de Soacha.
Cinco minutos después de despegar desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en la capital del país, la aeronave se encontraba a 10.000 pies de altura y se detonó un artefacto explosivo que incendió uno de los tanques del avión y generó una segunda explosión que logró destrozarlo y tumbarlo.
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Este atentado al avión de Avianca que dejó como resultado 110 fallecidos, 101 pasajeros, 6 tripulantes y 3 cuerpos que se encontraban en tierra, fue un hecho que representó un dolor de país producto de la crudeza de la 'guerra' entre el gobierno colombiano y los carteles narcotraficantes, señalados de planear y ejecutar el atentado.
Este martes el país conmemora la memoria de las víctimas de este hecho, cumplidos 29 años del peor atentado terrorista aéreo que enlutó al país, que logró conmocionar al mundo y representó un reflejo de los límites que alcanzó el conflicto político y social causado por las estructuras criminales que consolidaron el tráfico de droga en los años ochenta en Colombia.
Una 'guerra' en los ochenta
La década de los ochenta fue una de las épocas más dolorosas para el país debido al contexto de 'guerra' vivido en todo el territorio nacional. El aumento de asesinatos, secuestros, genocidios, atentados terroristas, entre otros delitos ligados al negocio de la producción y tráfico de drogas, que desató múltiples conflictos urbanos en las ciudades principales, convirtiendo a Colombia en uno de los países más violentos del mundo. A finales de esa década la bomba del avión de Avianca demostró que los carteles de narcotráfico tenían el poder económico suficiente para atentar en todos los ámbitos de la sociedad colombiana, no solo en las calles y en las zonas rurales, sino también en el aire, ingeniándoselas para evadir las medidas de seguridad aeroportuaria de la época. [single-related post_id="944208"] El aquel entonces candidato presidencial por el Partido Liberal, César Gaviria, quien reemplazó al asesinado Luis Carlos Galán, tenía entre sus planes abordar este vuelo, pero no lo hizo por razones de seguridad. Este fue uno de los focos de investigación para determinar las posibles causas del atentado, ya que el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, se enfrentó a todo aquel que lo investigara o se atravesara en su camino, sin importar el costo social, humano y económico. Por planear y ejecutar este atentado, en el que fallecieron dos ciudadanos estadounidenses, el sicario del cartel de Medellín Dandenys Muñoz Mosquera, conocido con el alias de "La Quica", fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, lo que dio paso a que el Estado colombiano determinara como responsables a los narcotraficantes Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jorge Luis Ochoa Vázquez, los líderes de ese cartel de droga.Víctimas de la no reparación
Las víctimas de este atentado, los familiares de quienes hacían parte del vuelo, han denunciado durante años en los medios de comunicación nacionales que no han recibido la reparación estatal por la pérdida de sus seres queridos. Este hecho los ha llevado a interponer demandas contra el Estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. A pesar de que este reconocido hecho terrorista fue declarado como un delito de lesa humanidad, las víctimas agrupadas en la Fundación Colombia con Memoria han insistido en que lo ocurrido no debe ser considerado un crimen que afectó solo a 107 familia, sino que también afectó a la moral del país y debe ser reparado integralmente por el Estado.Los familiares han reclamado que el Estado debe ser garante de seguridad de los colombianos y en la época se contaba con herramientas para evitar este atentado que, según la sentencia oficial, logró pasar por alto protocolos de seguridad y las autoridades competentes.Después de esta lucha jurídica que cumple más de 20 años, los familiares de las víctimas de este atentado han manifestado el deseo de que este caso sea estudiado por la Comisión de la Verdad, lo que permitiría que sea investigado a profundidad, conocer más versiones y testimonios de lo que pasó, y determinar culpables directos e indirectos de lo ocurrido.
