Colombia es un rompecabezas de selvas, ciudades vibrantes y cicatrices de un conflicto que se niega a apagarse. En 2025, el país se juega una partida maestra: construir una paz que no sea solo un alto al fuego, sino un tejido social que resista los embates de la desigualdad, el crimen y la desconfianza. Como si fuera un ingeniero frente a un puente a medio construir, el Estado colombiano despliega un arsenal de herramientas —ceses al fuego, diálogos de paz, acuerdos humanitarios— con la precisión de un cirujano y la urgencia de un bombero. Pero, ¿pueden estas estrategias, tan meticulosas en el papel, soportar el calor de la realidad? Este ensayo, con un pie en el rigor académico y otro en la curiosidad narrativa, desentraña el engranaje técnico de estas herramientas, usando datos, historias y un toque de escepticismo para preguntarnos: ¿está Colombia armando una paz a prueba de fuego?
Los ceses al fuego son como un botón de pausa en un videojuego donde los enemigos no siempre respetan las reglas. En teoría, detienen las balas y abren la puerta a la negociación. El cese con las FARC entre 2015 y 2017 fue un caso de libro: 13,000 combatientes dejaron 8,994 armas, verificadas por la ONU, y el país sintió que la paz era posible. Pero en 2025, los ceses con el ELN y el Estado Mayor Central (EMC) son más como un castillo de naipes en medio de un vendaval. En 2023, la Coordinadora Humanitaria contó 634 violaciones a ceses al fuego, con el Clan del Golfo (255 incidentes), el EMC (237) y el ELN (191) liderando el caos, especialmente en Cauca, donde el 22% de los eventos pintaron de rojo el mapa.
El cese con el ELN, que entre agosto de 2023 y agosto de 2024 bajó los enfrentamientos un 40% (dato del Ministerio de Defensa), parecía una luz al final del túnel. Pero cuando el ELN retomó los secuestros, la tregua se deshizo como papel mojado. En Arauca, las comunidades denunciaron en 2024 un aumento del 12% en el reclutamiento forzado, según la Defensoría del Pueblo, mientras el ELN usaba el cese para rearmarse. El EMC no se queda atrás: su cese parcial colapsó en 2023 tras el asesinato de cuatro menores indígenas en Putumayo, forzando al gobierno a suspenderlo en tres departamentos. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) tiene una receta clara: sin sistemas de monitoreo como drones o mapeo satelital —que en el cese con las FARC redujeron violaciones un 25%—, los ceses son un brindis al sol. Sin tecnología y veedores internacionales, Colombia está jugando a la ruleta rusa con sus treguas.
Si los ceses son el preámbulo, los diálogos de paz son el acto principal, un baile político donde cada paso cuenta. El Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, con sus 310 páginas y 6 puntos, fue una obra maestra de ingeniería negociadora. Pero los diálogos actuales con el ELN (5,800 combatientes) y el EMC (3,200, fragmentados) son como armar un rompecabezas con piezas que no encajan. El ELN abandonó la mesa en febrero de 2025, molesto por la lentitud del gobierno en financiar reformas estructurales. El EMC, con frentes que actúan como reinos independientes, es un dolor de cabeza: mientras un líder negocia en Bogotá, otro ataca en Cauca, donde 47 incidentes violentos en 2024 rompieron cualquier ilusión de unidad.
Hay destellos de esperanza, como en Buenaventura. Allí, un diálogo local con las Autodefensas Gaitanistas en 2024, basado en el modelo de “paz territorial” de la Universidad de los Andes, bajó los homicidios un 15%, según la Policía Nacional. La clave fue incluir a líderes comunitarios y medir resultados con indicadores claros, como tasas de violencia. Pero escalar esto a nivel nacional es otro cantar: en 2024, solo el 30% de los fondos para el Acuerdo de Paz se ejecutaron, según la Contraloría. La Misión de la ONU sugiere usar plataformas de datos para priorizar zonas críticas, como Catatumbo, donde 1,200 familias desplazadas en 2024 claman por soluciones. Sin recursos ni inclusión, los diálogos son un eco en una cueva vacía.
Menos glamorosos pero vitales, los acuerdos humanitarios son como el cemento que une los ladrillos de la paz. En 2018, el Acuerdo Humanitario de Catatumbo liberó a 12 secuestrados gracias a la Iglesia y métricas verificadas por ONGs. En 2025, “Paz en el Territorio” en Chocó ha protegido escuelas y hospitales, reduciendo incidentes contra civiles un 20%, según Vivamos Humanos. Estos pactos, anclados en el Derecho Internacional Humanitario, son ingeniería social en acción. Pero no son infalibles: en 2023, 1,032 eventos violentos contra civiles, reportados por la Defensoría, muestran que falta músculo. Sistemas de alerta temprana con inteligencia artificial, como los usados en Sudán del Sur para predecir el 60% de las violaciones, podrían ser un game-changer en Colombia.
La “paz total” de Gustavo Petro es un blueprint ambicioso, pero le falta aceitar los engranajes. El Informe Kroc 2024 revela que solo el 28% del Acuerdo de Paz está implementado, con la reforma rural (18%) y el capítulo étnico (12%) a paso de tortuga. La desigualdad (Gini 0.52) y la pobreza rural (40%), según el DANE, son el combustible del conflicto. Los PDET, que en 2025 llegaron a 170 municipios, son un modelo, pero sus 7.1 billones de pesos palidecen ante los 40 billones necesarios para cerrar brechas rurales.
Colombia necesita una reingeniería técnica: 1) monitoreo de ceses con drones y SIG; 2) diálogos inclusivos, con más mujeres (solo el 15% de delegados, según ONU Mujeres) y comunidades étnicas; 3) acuerdos humanitarios con bases de datos en tiempo real. Sin esto, la paz es un castillo de arena frente a la marea. En 2025, Colombia puede forjar una reconciliación a prueba de fuego, pero solo si combina precisión técnica, voluntad política y el coraje de escuchar a quienes más sufren el conflicto.
